Denuncia que la Xunta le impide quedarse con la antigua sede da Cámara Agraria tras haber ganado la propiedad en subasta pública
Por Cristina Saiz & Anxo Lourido
Santiago Montejo Urioste es un empresario madrileño que lleva casi una década viviendo en Galicia. Se considera un enamorado de Pontevedra y dentro de sus querencias el Pazo de San Román, la antigua sede de la Cámara Agraria, en la Plaza del Teucro, le pareció un espacio perfecto para desarrollar un proyecto empresarial innovador dentro de la ciudad.
En abril de 2016, en la cuarta convocatoria, Santiago Montejo al frente de la sociedad Mercant Lupond ganaba la subasta pública que la Xunta de Galicia había puesto en marcha para vender el inmueble que ocupaba la Cámara Agraria. La puja alcanzó la cifra de 620.000 euros, ofrecida por este empresario, que también gestiona una empresa con actividad en el Puerto de Marín. Han pasado ya 15 meses desde entonces y la propiedad del Pazo de San Román continúa sin hacerse efectiva a pesar de que se habían cumplido todos los requerimientos.
El arrendatario, que tiene un restaurante en funcionamiento en el bajo del edificio y que pujó también en la subasta a través de una sociedad que no alcanzó la cantidad del ganador, presentó una reclamación y la Xunta de Galicia decidió, en noviembre de 2016, darle la razón alegando que contaba con un contrato de arrendamiento anterior y esa circunstancia le otorgaba un derecho de compra preferente.
Ante esta decisión, Montejo Urioste presentó un contencioso y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se inhibió trasladando el tema a la jurisdicción civil. Ahora el ganador de la subasta se encuentra en una situación de impotencia absoluta pero anuncia que llegará hasta el final para pelear por sus derechos. "Es David contra Goliat, pero iré hasta el final. Llevamos 15 meses y no sé lo que tardaremos", afirma Montejo.
El empresario madrileño indica que incluso intentó llegar a un acuerdo con los inquilinos a través de la mediación de la Xunta con una división del edificio para que los arrendatarios dispusieran del local comercial y Montejo de la planta de arriba y del bajo cubierta. "Esa propuesta nunca fue contestada", indica el afectado.
"INCREÍBLE" ACTUACIÓN DE LA XUNTA
Su principal temor es que en el momento en que se encuentra el caso, el inquilino y la Xunta intenten escriturar o realizar algún tipo de operación en contra de sus derechos como ganador de la propiedad en un proceso público. "Lo que me sorprende es que cambien el resultado de una subasta pública", se lamenta Santiago Montejo, atónito por las formas de proceder de la administración autonómica. Afirma que, además, le parece increíble que la Xunta de Galicia permita la actividad del restaurante que ocupa el bajo al encontrarse en una situación "en precario, con un contrato vencido desde junio de 2016".
"Me parece la mayor frustración del mundo, haber depositado 116.000 euros y no poder desarrollar mi proyecto empresarial y que la administración haya organizado un proceso y ahora se dedique a prejuzgar"
Señala que él había acudido a la subasta porque le parecía un procedimiento transparente de un bien público desafectado, que era propiedad de la Xunta y que además no contaba con cargas de ningún tipo. Sin embargo, admite que aquel día ya le pareció que algo raro estaba pasando porque intentaron impedirle la entrada y uno de los representantes de la otra sociedad que pujaba llegó a decirle "que había venido a robarle lo suyo".
"Lo único a lo que vienes es a regalar dinero a la Xunta porque el local ya me lo han adjudicado", recuerda Montejo que le habían espetado en aquella cuarta subasta. Aquel presagio se cumplió. El ganador de la subasta dejó en depósito 116.000 euros, el 20% de la operación, y ahora se ve como único perjudicado de toda esta trama al no poder disponer de "un bien ganado lícitamente".
"Me parece la mayor frustración del mundo, haber depositado 116.000 euros y no poder desarrollar mi proyecto empresarial, que la administración haya organizado un proceso y ahora se dedique a prejuzgar", manifiesta con pesar Montejo, que ha solicitado al juzgado medidas cautelares para intentar evitar cambios en relación con la situación jurídica del inmueble.
El empresario afectado afirma que anteriormente nunca había tenido ningún conflicto con la administración pública y por ese motivo se pregunta permanentemente cuál ha sido su delito para estar atravesando este calvario: "¿Presentarme a una subasta pública y ganarla? Nadie me ha dado una argumentación en contra. No se puede tolerar y voy a pelear mis derechos hasta donde tenga que ir", concluye.