El fiscal mantiene que los ex presidente y secretaria de la Cámara de Comercio despidieron a tres empleados por represalias
Por Natalia Puga
Tras dos días de juicio y el paso por la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra de una docena de testigos y varios peritos, el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, se ha reafirmado en que los antiguos presidente y secretaria general de la extinta Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio Gómez Rivera y Charo Lorenzo, despidieron a tres empleados por represalias por haber denunciado ante la Fiscalía las prácticas presuntamente irregulares en la oficina de la entidad en Brasil.
Aladro decidió elevar a definitivas sus conclusiones provisionales sobre el caso, en las que pide que ambos acusados sean condenados a un año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia en concurso con otro de prevaricación administrativa.
Igualmente se reafirmaron en sus planteamientos los abogados de los dos acusados que se sentaron en el banquillo, que sostienen su inocencia asegurando que estos despidos, y un cuarto que no se ha puesto en tela de juicio, fueron acordes a las circunstancias económicas y sociales que vivía la Cámara.
El juicio comenzó este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1, en el edificio judicial de A Parda, y quedó visto para sentencia este jueves tras la declaración de varios directivos y ex directivos que formaban parte del comité ejecutivo y del pleno de la Cámara en el año 2012, cuando se produjeron los polémicos despidos.
La estrategia de defensa se centra en que ninguno de los dos acusados fue responsable de los despidos de tres de los cuatro trabajadores que denunciaron ante la Fiscalía las actuaciones relacionadas con la oficina de Brasil por las que finalmente Charo Lorenzo fue condenada con su conformidad por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. Echan balones fuera y apuntan al comité ejecutivo y al pleno en su conjunto como los órganos que adoptaron las decisiones.
Los directivos y ex directivos que pasaron por la sala de vistas lo confirmaron. El último presidente de la Cámara pontevedresa antes de su fusión con las entidades de Vigo y Vilagarcía, Eduardo Barros, actual vicepresidente pimero de la nueva Cámara, aseguró de forma contundente que "todo se decide en Pleno" y que los despidos estaban basados en el informe eleborado por la consultora Deloitte por encargo del Consello de Cámaras Galegas, que aconsejaban reducción de sueldos y personal.
Además, todos coincicidieron en que durante la etapa de Gómez Rivera como presidente en funciones en 2012 había incluso más transparencia de la habitual en la Cámara al coincidir que se estaba viviendo un momento económico delicado tras la aprobación del Real Decreto 13/2010, por el que se reducían sus ingresos y recursos y por la presión social y laboral que había causado un incidente ocurrido en marzo de ese año entre Charo Lorenzo y el ex vicesecretario de la entidad, Augusto Aláez, uno de los trabajadores despedidos.
Ese incidente, en el que que Aláez reprochó a Lorenzo sus irregularidades en relación con la oficina de Brasil, motivó que solicitasen un informe a un abogado tanto sobre el comportamiento de ambos como sobre las presuntas irregularidades. El autor de ese informe, el abogado externo Enrique Devesa, refrendó que propuso que se expedientase a ambos -a ella por dos faltas graves y a él por una leve- y que concluyó que la forma de actuar de Lorenzo con Brasil no era constitutiva de delito. Finalmente, fue condenada.
El antiguo responsable de comunidación de la Cámara, también despedido en aquel momento, pero que no ha denunciado, también compareció, si bien se limitó a señalar que su ceso fue "contra mis intereses" basado en que "querían externalizar el servicio" y que reclamó el pago de más indenmización en concepto de horas extraordinarias.
Pese a los argumentos de los testigos, el fiscal mantiene que tras la denuncia de los trabajadores, Lorenzo, en su condición de jefa de personal, y Gómez Rivera, como presidente en funciones, despidieron a tres de ellos -el cuarto era delegado de personal y no podían- enmascarando el cese en causas objetivas y económicas que a él no le convencen porque, entre otras razones, "la realidad de las cuentas presentadas era falsa".
Juan Carlos Aladro sostuvo en sus conclusiones que el hecho base del despido "está totalmente inventado" y lograron que el pleno y el comité ejecutivo ejecutasen los despidos ideados por ellos basándose en que les aportaban datos "inconsistentes". "Los demás intervinientes fueron utilizados para justificar los despidos y las cuentas", sostiene el fiscal jefe, pero, en realidad, Lorenzo quería despedirles para "ocultar" las irrregularidades que los despedidos habían averiguado y él para "salvaguardar" la imagen de la entidad que presidía .
Además del año y medio de prisión, el fiscal pide que sean condenados al pago de una multa de 10 meses a 10 euros diarios y ocho años de inhabilitación especial para los cargos que ambos ejercían, y de los que ahora ya están apartados. Como indemnización y en concepto de daño moral, pide que los dos, de forma conjunta y solidaria, deberán abonar 3.000 euros a cada uno de los empleados despedidos.
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