El caso de los Miguelianos, a juicio cuatro años después con diez personas en el banquillo
Por Natalia Puga
El conocido como caso de los Miguelianos, iniciado en el año 2014 por las presuntas irregularidades en la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ex asociación pública de fieles ahora disuelta por la Iglesia, llegará finalmente a juicio este miércoles. Tras cuatro años de instrucción y dos suspensiones previas a principios de septiembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha fijado el inicio de la vista oral para este miércoles 26 de septiembre y ha señalado diez fechas diferentes hasta el próximo 7 de noviembre.
La causa, iniciada contra una asociación de la que los ex adeptos aseguraban que era una 'secta' en la que se producían abusos sexuales y psicológicos y su líder mantenía contactos carnales con las consagradas "para purificarlas", se desinfló a lo largo de la instrucción judicial y finalmente no existe ninguna acusación sobre la naturaleza de la asociación, pero sí sobre el resto de prácticas que se seguían en ella. En concreto, llega a juicio por los delitos de asociación ilícita, contra la integridad moral, coacciones, abuso sexual, agresión sexual, lesiones psíquicas, estafa o apropiación indebida y blanqueo de capitales.
La Sección Cuarta de la Audiencia sentará en el banquillo a diez personas, siendo el principal procesado Feliciano Miguel Rosendo da Silva, supuesto líder y fundador de la Orden y Mandato, para quien la Fiscalía pide 66 años de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual.
La acusación particular, que ejerce la abogada pontevedresa Ana Reguera, pide para Rosendo un total de 85 años por 28 delitos: nueve de coacciones por persuasión coercitiva, nueve de lesiones psíquicas, cinco continuados contra la integridad moral, uno contra los derechos de los trabajadores, dos delitos continuados de agresión sexual, uno de estafa o apropiación indebida continuadas y uno de blanqueo de capitales
La Fiscalía tan sólo acusa a siete personas, Rosendo da Silva y otros seis a los que atribuye un delito de asociación ilícita por haber colaborado con él y para los que pide dos años de prisión por cabeza. La acusación particular, sin embargo, eleva la acusación a diez y también sienta en el banquillo a la esposa y a los dos hijos del supuesto líder, acusados de sendos delitos de blanqueo de capitales. Pide que la mujer sea condenada a cuatro años de prisión y cada uno de sus hijos a tres.
La instrucción de esta causa ha estado cargada de polémica y las defensas de Feliciano Miguel y el resto de acusados que se mantienen apoyándolo han denunciado múltiples irregularidades en la investigación policial y judicial de la causa, muchas de ellas centradas en la figura del fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, a quien pidieron sin éxito apartar de la causa.
Las defensas realizaron la pasada semana un último intento para evitar que el juicio se celebre sin atender sus demandas. En concreto, solicitan la suspensión de la vista hasta que se entregue y se analice la información de los ordenadores incautados por la Guardia Civil. Entiende que el juicio no puede celebrarse hasta que se practique dicha prueba.
La Audiencia Provincial admitió el volcado como prueba anticipada pertinente y el acceso a la información de los ordenadores, pero la prueba no se ha podido practicar aún en su totalidad, pese a que la defensa lo solicitó hace más de un año y le fue denegado reiteradamente. Al respecto, fuentes consultadas han indicado que la defensa tendrá la prueba en tiempo y forma.
Durante los primeros días de septiembre se produjeron dos aplazamientos por una enfermedad coronaria del abogado del supuesto líder de la asociación, el mediático Marcos García Montes, pero todo apunta a que estes miércoles sí empezará la vista oral. La primera jornada estará destinada a cuestiones previas y se prevé que las declaraciones de los acusados empiecen este jueves 27 de septiembre.
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