Funcionarios de A Lama se forman en cómo actuar ante la radicalización violenta yihadista de los presos
Por Natalia Puga
La radicalización violenta yihadista es ya un grave problema social y tiene una vinculación directa con las prisiones, pues se ha constatado que una parte importante de los implicados en acciones terroristas en los últimos tiempos tuvieron un paso por algún penal. Una vez detectada la situación, desde la Comisión Europea se ha puesto en marcha un programa de formación que este martes ha llegado en Pontevedra a un total de 37 funcionarios que trabajan en cárceles gallegas, principalmente en la pontevedresa de A Lama.
Francisco José Macero, funcionario del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), fue el responsable de la acción formativa, que se impartió durante toda la mañana en el local vecinal de Pedra do Lagarto y llegó a funcionarios que trabajan en diversas áreas penitenciarias, desde seguridad a programas de tratamiento, pues el programa parte de la base de que "este fenómeno no sólo hay que abordarlo desde el punto de vista de la seguridad, sino que tiene que ser multidisciplinar".
La Comisión Europea puso en marcha dos proyectos -DERAD y TRAINING AID- para formar a profesionales que tratan en primera línea con personas radicalizadas o en vías de radicalización que podrían cometer actos violentos con el objetivo de llegar a más de 2.000 trabajadores de países de la UE para unificar criterios y compartir mecanismos de actuación. La adaptación de la parte relacionada con las prisiones a la realidad española corrió a cargo del sindicato ACAIP, que ha encargado a Francisco José Macero la parte pontevedresa como especialista en prisiones y en este fenómeno.
Este tipo de curso llegará a más de 300 profesionales de distintas zonas de España seleccionadas en función de la presencia en sus prisiones de población reclusa con una alta vinculación con el yihadismo. Según Macero, es el caso de Galicia, pues en los distintos penales de la comunidad hay una amplia representación. De todos modos, también llama la atención sobre el hecho de que en España este procentaje de presos potencialmente susceptibles de pasar de la radicalización a la radicalización violenta es muy inferior al de otros países europeos, pues hay unos 150 en estas posturas violentas frente a los miles de otros lugares.
La formación permitió trasladar a los alumnos una visión básica sobre el fenómeno de la radicalización y la diferencia entre tener ideas radicales y dar un paso más hacia la radicalización violenta. "La radicalización no es delito, no es algo a perseguir, el problema llega cuando dan el paso a la violencia", insiste Macero, que señala que en ese momento empieza a ser una problema a nivel de seguridad general y en las prisiones.
Según constata este especialista, en el colectivo de trabajadores penitenciarios "tenemos mucho ganado porque estamos acostumbrados a observar dinámicas de los internos" y ya se tiene la experiencia de trabajar con otro tipo de terrorismo, el de ETA. De todas formas, todavía hay mucho por hacer.
Al alumnado le ha trasladado que lo importante es actuar una vez que se ha detectado a una persona radical violenta, no para desradizalizarla, sino para incidir en que se desvincule de la violencia, esto eso, "no intentar influir en su forma de pensar, pero sí para evitar que piensen que la violencia y el terrorismo es la única salida que hay".
El proyecto de la Comisión Europea, en su parte relacionada con el colectivo de prisiones -hay otras líneas de trabajo-, está liderado por el Ministerio de Justicia de Italia y cuenta con socios en diferentes países de la Unión Europea. En España son la Universidad de Granada, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y los expertos, ACAIP.
El curso se divide en dos partes, una presencial y otra virtual, con una duración de 13 horas, de modo que los 37 funcionarios continuarán ahora su preparación a distancia.