Abogados de Sito Miñanco y su familia cuestionan la contundencia de las pruebas periciales para acusarles por blanqueo
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El juicio contra el histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha vivido este lunes una cuarta sesión en la Audiencia Provincial de Pontevedra centrada en las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía para sostener la acusación por blanqueo de capitales contra el capo de Cambados y parte de su familia, una jornada en la que pasaron por la sala de vistas tres especialistas y que parte de los abogados defensores consideran que evidencia la falta de contundencia del material probatorio que hay en esta causa.
Un perito de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, otra especialista de una consultora y el arquitecto municipal del Concello de Sanxenxo declararon durante la sesión, que tuvo que suspenderse hasta el próximo lunes 12 de noviembre por la imposibilidad de seguir con las declaraciones del resto de peritos citados. Dos de ellas se preveían muy largas para poder realizar antes de mediodía y para otra no había los medios técnicos necesarios.
Este tercer perito aplazado debía declarar por videoconferencia desde Madrid y el sistema instalado en la sala de vistas que utiliza la Sección Segunda de la Audiencia no posibilita que puedan mostrársele con claridad los informes elaborados. Su testimonio se realizará otro día con la indicación de que tenga delante la documentación necesaria para poder realizar su pericial sin necesidad de que se le muestre a través de la pantalla.
Al término de la sesión, Alejandro Vega, que lleva la defensa de la que primera mujer de Sito Miñanco, María Rosa Pouso, cuestionó la contundencia de la declaración de la perito principal de la jornada, la especialista de una consultora a quien la Agencia Tributaria encargó un informe. "A veces uno se plantea como abogado qué hacen seis personas sentadas en un banquillo después de casi diez años de procedimiento con ese tipo de sustento probatorio de cargo", opinó.
El abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, también se manifestó en estos términos. La citada perito realizó tasaciones a petición de la Agencia Tributaria, pero indicó que no todas las que aparecen en el informe son suyas y sobre algunas de las propiedades cuyo origen se cuestiona en esta causa no recordaba haber realizado los trabajos. El letrado calificó su testimonio como "un poco patético" y criticó que no se acordase de algunas valoraciones y que se le preguntase por otras que ella no había hecho.
"Yo creo que no se puede traer a la gente a juicio con este tipo de pruebas, dicho objetivamente", criticó Boye, que insistió en que esta especialista se reafirma en la parte que ella hizo, pero no en los valores finales, ni en el resto del informe y en que no aclaró cuál es la parte del informe que hizo. Centró sus críticas en Jesús Calles, representante de la Fiscalía, pues "este tipo de pruebas el fiscal debería haberlas estudiado más antes de traerlas. Nosotros sí la habíamos estudiado y sabíamos lo que iba a pasar".
Ambos letrados consideran que estas pruebas periciales les permite reafirmarse en que "no hay absolutamente ninguna prueba que evidencie lo que se sostiene del contrario, es decir, que los inmuebles han valido mucho más de lo que realmente se sostiene en la contabilidad". La Fiscalía sostiene que la familia de Miñanco, a través de la inmobiliaria San Saturnino de Cambados, obtuvo propiedades por un valor superior al de mercado para blanquear dinero procedente de las actividades relacionadas con el narcotráfico del famoso capo. Sin embargo, los abogados defensores niegan tales circunstancias.
El abogado de la exesposa mantiene que la inmobiliaria llevó siempre su contabilidad "de forma ordenada y correcta y ajustada al plan de contabilidad" y que "la prueba que se ha practicado hoy evidencia lo mismo". Así, consideran que los peritajes confirman que las propiedades valen aquello en lo que están contabilizadas a pesar de que la Fiscalía ve "una diferencia de valor muy importante con el valor que está contabilizado" y que se pagó con dinero no declarado.
Según Vega, "nosotros sostenemos dos cosas. Primera, que no hay ese valor oculto, sino que el valor es el que es y, en segundo lugar, y en base a la prueba que también se aportó por otras defensas, que aún habiendo esa diferencia, habría justificación para pagarlo".
Gonzalo Boye también criticó la falta de medios técnicos de la Audiencia de Pontevedra, pues "no tenemos mecanismo técnico en una capital de provincia para poder enseñarle documentos a otra capital de provincia". "Yo creo que esto lo que refleja es que los jueces están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y tienen muy poco", añadió, de modo que ve "evidente" que los jueces y fiscales tienen razones para secundar la huelga en el sector convocada para el 19 de noviembre.
Además de Sito Miñanco y su exesposa, en esta causa está también acusados su hija (Rosa María Prado Pouso), su ex cuñada (Josefa Pouso Navazas); y un supuesto testaferro, José Alberto Aguín Magdalenas, persona de su máxima confianza. La Fiscalía les atribuye un delito de blanqueo de capitales por el que pide que sean condenados a una pena de seis años de prisión y 10 millones de euros de multa cada uno. Estos son los hechos a juzgar.
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