Reducen la petición de condena para dos de los siete acusados en el macrojuicio de los Miguelianos
Por Natalia Puga
Un total de 29 sesiones de juicio después y tras haber pasado por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Pontevedra decenas de testigos y peritos, este viernes ha llegado a su recta final el macrojuicio por el denominado caso de los Miguelianos, en el que se juzgan presuntas irregularidades en la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ex asociación pública de fieles ahora disuelta por la Iglesia.
La última sesión de práctica de la prueba terminó con las conclusiones de todas las partes personadas en la causa y una novedad. El fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, ha modificado sus conclusiones iniciales y ha reducido la pena que solicitaba para dos de las siete personas contra los que formula acusación. Se trata de Dolores Espiñeira y Esteban Riobó, que en esta causa tienen la doble condición de acusados y víctimas.
El fiscal pedía inicialmente para Feliciano Miguel Rosendo da Silva, supuesto líder y fundador de la Orden y Mandato y principal acusado, 66 años de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual. Para los otros seis procesados pedia dos años de prisión por un delito de asociación ilícita. Se trata de la madre y el padre generales de la vida consagrada femenina, Ivana Lima y Esteban Riobó; los madre y padre de la buena huella, Iria Quiñones y José Carlos A.M.; la denominada fiscal de la Orden, Dolores Espiñeira; y a la fiscal provincial de la Comisión Permanente Provincial, Belén E.F.
Tras la modificación realizada, mantiene la petición de pena para todos excepto para Dolores y Esteban, a quienes acusa de asociación ilícita, pero pide al tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia que tenga en cuenta la circunstancias eximente incompleta de afectación de las capacidades intelectivas y volitivas por tener alteradas las capacidades de decisión y de voluntad cuando cometieron el delito en el seno de Orden y Mandato.
El fiscal pide que en lugar de dos años se le impongan once meses de prisión, el pago de una multa de doce meses a razón de seis euros diarios y se le concedan medidas de seguridad y tratamientos externos de asistencia psicológica para tratar esa pérdida de sus capacidades y la afectación psicológica que tienen tras su paso por la asociación.
El resto de las partes personadas en la causa elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, que en el caso de la defensa de los acusados supone pedir su absolución. Además, al término de la sesión de este viernes, el abogado del principal acusado, Marcos García Montes, valoró la modificación de las conclusiones de la Fiscalía como "crónica de una muerte anunciada", pues considera que existió un pacto previo de los dos acusados afectados por la modificación y con una de las ex consagradas de Orden y Mandato que declaró como víctima.
"El pacto es más que claro", valora García Montes, que habla de un "contubernio" que, además considera que "va contra derecho" y que responde a la "persecución de la Fiscalía" que los antiguos adeptos de Orden y Mandato que siguen defendiendo que en la asociación no había irregularidades llevan denunciando mucho tiempo.
El abogado defensor de Feliciano Miguel Rosendo también pidió viernes una pequeña modificación que no afecta a su defendido, pero sí a su esposa y sus hijos, que empezaron este juicio sentados en el banquillo de los acusados porque la acusación particular les atribuía un delito de blanqueo de capitales. Pide que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la abogada pontevedresa Ana Reguera le indemnicen por haber estado investigados tres años y siete meses. "Eso tiene que repararse, además del daño moral que se ha producido", pidió.
El juicio se retomará el próximo martes 27 de noviembre con los informes de las partes y los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra. A partir de ahí, las tres magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia deberán dictar sentencia.
Ese fallo deberá llegar contrarreloj, pues el 11 de diciembre se cumplen cuatro años desde la detención de Miguel Rosendo y su posterior ingreso en prisión, de modo que si se supera esa fecha sin sentencia, vencería el plazo máximo legal en prisión provisional y debería salir en libertad.
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