El policía acusado de dar soplos a clubes de alterne y vender droga, juzgado once años después
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Lucas Rodríguez Pazos, exagente de la Policía Nacional acusado por la Fiscalía por por dar soplos a clubes de alterne y vender droga, ha sido finalmente juzgado once años después de los hechos que se le atribuyen y tras varios pasos por la Audiencia Provincial de Pontevedra y suspensiones del juicio. Este martes se sentó en el banquillo de los acusados, pero se acogió a su derecho a no declarar, de modo que no se pudo escuchar su versión de lo ocurrido.
El policía ahora jubilado estaba inicialmente acusado junto a otras 13 personas que el pasado mes de junio reconocieron ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra que en los años 2006 y 2007 pertenecían a seis grupos diferentes dedicados al tráfico de drogas en Pontevedra capital, O Grove, Ribadumia-Meis y el sur de la provincia y Portugal. Todos ellos se sentaron en el banquillo de los acusados junto a Lucas Rodríguez, pero en aquella vista oral él negó toda implicación con los hechos que le atribuían.
Para los otros acusados el juicio ya fue sentenciado, pero en el caso de Lucas aún quedaba pendiente y se había fijado para el 8 de octubre, pero aquel día no llegó a celebrarse en su totalidad porque el abogado defensor planteó una serie de cuestiones previas que incluían la nulidad de las actuaciones judiciales que acabaron con su cliente e el banquillo.
La acusación de la Fiscalía contra Lucas Rodríguez se basa en las escuchas que realizó la Guardia Civil sobre los dos teléfonos que utilizaba habitualmente, que permitieron concluir que "simultaneaba su actividad profesional como Policía Nacional con su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubs de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban", y también en los testimonios de los guardias que le hicieron seguimientos.
Este martes, tres de esos agentes ratificaron todo el contenido de sus atestados en la sala de vistas, dos en persona y el tercero por viodeconferencia. Confirmaron que las escuchas telefónicas les permitieron conocer que el acusado encargaba a uno de los hombres ya condenados por esta causa, Benito L., que trajese desde Málaga un encargo de diez kilos de algo que en un primer momento no se concretaba y, a medida que avanzaron los preparativas, se trataba como si fuese vino. Esa droga sería para un destinatario final de la Costa da Morte.
Pese a que nunca se mencionó como droga, los investigadores lo dedujeron por la forma de hablar de los interlocutores y supieron que era hachís y no otro sustancia por los precios de los que hablaban, 1.100 y pico si era normal, 1.300 y pico si era buena y 1.700 y pico euros si era muy buena.
Además, cuando supieron por las escuchas que quedaban en la gasolinera de Os Praceres porque Benito llegaba con la droga, le hicieron un seguimiento y vieron cómo ambos se reunían en una especie de reservado. Cuando ya se levantaron, les detuvieron a ambos y ninguno de los dos mostró sorpresa ni resistencia. Benito les entregó voluntariamente una tableta con unos 170 gramos de hachís que llevaba encima y les mostró que tenía en el coche una bolsa con otros nueve kilos. En el coche no había ningún vino.
Esos mismos guardias civiles ratificaron que las escuchas telefónicas permitieron averiguar que el acusado tenía una "relación fluida" con personal de clubs de alterne de la comarca, entre ellos, un hombre ya condenado por estos hechos que fue portero de los clubs Cachas Locas y Leclé de Poio. Además, tenía una relación sentimental con una chica que ejercía la prostitución en el club Edén de Vilaboa.
Fruto de esa relación, según los guardias, facilitaba a trabajadores de distintos clubs que eran sus amigos informaciones que tenía de cuando se iban a realizar redadas. Tenía esos datos, según los investigadores, porque trabajaba en la oficina de denuncias de la Comisaría y sabía cuándo salían los compañeros.
Según la Fiscalía, difundió en reiteradas ocasiones entre sus amigos, los regentes de los clubs de alterne de Pontevedra, información confidencial y secreta que conocía por razón de su empleo, avisándoles de las inspecciones y redadas que realizarían sus compañeros de extranjería, al verles salir para realizar dicho servicio. De esta forma, les permitía eludir cualquier control policial de la legalidad de su situación en España.
El abogado defensor considera que su cliente es inocente y debe ser absuelto y sostiene que el hecho de que se ponga en cuestión sus relaciones con personas que trabajan en clubs es meterse en su "vida privada", pues él "vivía la noche, consumía cocaína, iba a clubs nocturnos" y se relacionaba con chicas que ejercían la prostitución, pero eso no implica que cometiese ningún delito, sino que formaba parte de su faceta más íntima y no de su ejercicio profesional.
La Fiscalía pide para Lucas dos años y nueve meses de prisión y multa de 21.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de posesión preordenada al tráfico de sustancias y 5.040 euros de multa (14 meses a razón de 12 euros día) por un delito contra la administración pública por revelación de información reservada.