Cinco personas reconocen su implicación en una trama de facturas falsas en el sector de la construcción
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha dejado visto para sentencia un juicio que en la mañana de este martes sentó en el banquillo de los acusados a siete personas a las que se responsabilizaba de tener distinta implicación en una trama de facturas falsas supuestamente cometida en el sector de la construcción. Cinco de ellos reconocieron su responsabilidad en los hechos, mientras que dos lo negaron
Los cinco acusados que reconocieron los hechos se beneficiaron de una modificación de las conclusiones iniciales de la Fiscalía, que redujo la petición de condena para todos ellos. De los otros dos, el fiscal retiró la acusación contra uno, F.C.V. y mantuvo su calificación con respecto a Carlos B.L, trabajador del parque de maquinaria de la Deputación de Pontevedra hoy en día jubilado que niega cualquier irregularidad en su trabajo.
El fiscal mantiene y, así lo reconocieron los acusados, que entre los años 2008 y 2013 la empresa Hormigones Tudenses realizó diversas irregularidades, entre ellas, hacer ventas de hormigón en B, sin contabilizar ni expedir factura completa, y sin declararlas en el IVA ni en el impuesto de sociedades y expedir facturas ficticias simulando la realización de operaciones inexistentes, dotando de apariencia de realidad tales operaciones mediante el pago de las facturas a través de bancos, y la posterior devolución de su importe (excepto el IVA) al cliente con cargo a los fondos obtenidos por las ventas B.
Asimismo, tal y como declaró en el juicio celebrado en los juzgados de A Parda una antigua contable de esa empresa, llevó doble contabilidad, ocultando a la contabilidad oficial la realización de operaciones de venta de hormigón que no tenían reflejo contable y falseándola por la simulación de operación mediante la generación de facturas falsas o falseadas que se contabilizaban y cobraban, devolviéndose con cargo a la caja B. Esas facturas ficticias las emitían fundamentalmente con la complicidad de otras empresas del sector de la construcción de las que eran responsables los otros acusados.
Una de las supuestas facturas ficticias se expidió a la Deputación Provincial de Pontevedra y sentó en el banquillo a Carlos B.L, que tenía funciones en el parque de maquinaria como responsable de suministros, supervisión de la seguridad laboral y revisión del material utilizado para las obras, entre otras. Según sostiene el fiscal, se concertó con los también acusados Manuel C.R. y su hijo José C.A. para que le entregasen una factura de 2.727,57 euros expedida por Hormigones Tudenses a la Deputación que, en realidad, no se correspondía con un suministro real de hormigón. Su apariencia de realidad se reforzó mediante su pago bancario y fue el acusado Carlos B.L el recibí.
El acusado, en su declaración, aseguró que ese hormigón al que se refiere la factura sí se suministró, es decir, fue real, y que él no lo pidió directamente, sino que indicó a la central del parque de maquinaria que era necesario pedir que una empresa suministrase hormigón para una obra en Covelo porque la que solía hacerlo estaba en Ribadumia y no podría tener todo ese material a la hora que lo necesitaban los trabajadores en la obra. Tanto él como dos ex compañeros corroboraron esa versión.
En el caso del acusado F.C.V., el fiscal decidió que no queda demostrada su participación en los hechos. Para Carlos C.B. solicita una condena a dos años y tres meses de prisión y una multa de 12 meses a 12 euros diarios por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Su abogado pide la absolución.
Para Manuel C.R. y José C.A. el fiscal pide, tras modificar sus conclusiones, seis meses de prisión por un delito contable y 12 meses de prisión y una multa de seis meses a seis euros diarios por un delito continuado de falsedad documental. El abogado defensor de ambos -llevan el mismo, pues son padre e hijo- acepta las conclusiones del fiscal, pero pide que a José se le sustituya la prisión por multa y que a Manuel se le suspenda la pena dada su avanzada edad.
Para Francisco B.A. el fiscal pide una condena a 12 meses de prisión y seis meses de multa a 6 euros diarios por un delito continuado de falsedad documental y su abogado defensor la acepta, pero pide sustituir la prisión por multa. En el caso de Manuel F.M., pide seis meses de prisión y una multa de seis meses a seis euros diarios por un delito de falsedad documental y su abogado solicita la sustitución de la pena de cárcel por multa.
En el caso de Jaime L.L., el fiscal le pide once meses de prisión y cinco de multa a seis euros diarios y su abogado se conforma, aunque pidiendo igualmente la pena de estancia en prisión por el pago de una multa como autor de un delito continuado de falsedad documental.