La crispación de la política nacional se cuela en el pleno a cuenta de la deuda del Estado con Galicia
Dos asuntos han centrado el debate del pleno municipal que la corporación ha celebrado este lunes 24 de febrero: la nueva ordenanza de movilidad y espacios públicos de Pontevedra y la moción del PP para reclamar al Estado los 370 millones de euros que debe a Galicia.
La ordenanza, a pesar de ser un asunto de cierto trámite, ha sido aprobada con los votos a favor del gobierno municipal, BNG y PSOE. Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.
Tras esta aprobación inicial, se abrirá un plazo de exposición pública de un mes durante el cual se podrán presentar alegaciones a esta nueva normativa. El pleno le ha dado su visto bueno en los términos ya conocidos, más allá de algunas correcciones lingüísticas.
El edil impulsor de esta ordenanza, César Mosquera, ha reconocido que "non foi fácil" redactar esta normativa, ya que "non podemos ir en contra" de los reglamentos de Tráfico e instancia superiores y ha destacado que es "funcional" y "acaída" a la realidad de Pontevedra.
El objetivo ha sido dar un "corpo uniforme" a los aspectos de la movilidad que, hasta ahora, no estaban regulados para garantizar la "coexistencia" de los ciudadanos en los espacios públicos
Desde Ciudadanos, Goyo Revenga ha asegurado que la ordenanza está "muy bien trabajada" y que su contenido es "bastante aceptable", si bien ha criticado que para su redacción no se haya consultado con colectivos sociales y que "pase de puntillas" por el asunto de los lombos.
Pablo Fernández, concejal del PP, ha lamentado también el "ficticio" proceso participativo de esta ordenanza y que "deixe no limbo" ciertas cuestiones. Además, los populares consideran que "se botan en falta" medidas para promocionar el transporte público, crear vías sanitarias o fomentar el uso de la bicicleta, con nuevos carriles bici o la instalación de aparcamientos.
Pero, sin duda, el debate más agrio se ha vivido a cuenta de la moción con la que el PP pretendía que la corporación instara al Estado a pagar los 370 millones de euros, 200 por el IVA de 2017 y 170 por cumplir el techo de gasto, que le debe a Galicia.
Los populares se quedaron solos en esta postura, ante el voto en contra de BNG y PSOE y la abstención de Ciudadanos. Los tres partidos lo hicieron tras duras críticas al "electoralismo" de esta medida, especialmente desde las filas socialistas y nacionalistas.
Rafa Domínguez, que reconoció que este problema "se inició con Montoro" durante el gobierno de Rajoy, ha explicado que "se ha convertido en impago" con el ejecutivo de Sánchez. "Es inasumible e injusto que los socialistas de Madrid nos roben a todos los gallegos", ha dicho.
El portavoz del PP, que ha asegurado que "no podemos consentir el expolio a nuestras cuentas", ha criticado al PSOE pontevedrés por "consentir que nos roben" y también al BNG, al que considera como un "cómplice necesario" del hurto de este dinero a Galicia.
Domínguez se negó a aceptar una enmienda presentada por el BNG en la que los nacionalistas, al entender que la moción de los populares estaba "superada" por los acontecimientos, instaban a Xunta y Estado a negociar de manera bilateral el pago de esa deuda y arbitrar una solución de "urxencia" para los 170 millones de la norma de déficit.
El resto del dinero, según Carme Da Silva -que ironizó con que el líder popular "estivo rozando o independentismo" en su argumentación-, se debe reclamar en los tribunales algo que, según ha recordado, el BNG "esixiu desde o minuto un" a pesar de la negativa del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del propio PP.
El portavoz socialista Tino Fernández fue mucho más duro y afirmó que "de roubar o PP sabe moito" y acusó a Domínguez de ser un "mamporrero" del PP y de utilizar el pleno municipal como "arma electoral".
Recordó que Núñez Feijóo "non se preocupou" de esa deuda hasta que gobernó el PSOE en Madrid y ha pedido al PP que "deixe de dicir cousas que non son", ya que considera que es "falso" que Galicia tenga menos dinero por esta decisión, ya que esas cantidades fueron presupuestadas e "non se tiveron en conta" para cumplir el déficit.
La misma suerte ha corrido la moción presentada por Ciudadanos para incluir bonificaciones en la viñeta para los vehículos eléctricos, híbridos o impulsados por biogás. Goyo Revenga apeló, sin éxito, a que el Concello "pase a la acción" para incentivar el uso de estos coches. La iniciativa, que fue apoyada por el PP, fue rechazada por el gobierno municipal.
ASUNTOS UNÁNIMES
Por lo demás, en el pleno que la corporación ha celebrado este lunes también ha habido espacio para la unanimidad entre los grupos políticos como, por ejemplo, para aprobar una declaración institucional en honor a Rosalía de Castro, por el 183 aniversario de su nacimiento.
La declaración, leída por el alcalde, destaca que Rosalía es una de las "figuras fundacionales" de la cultura gallega y "emblema" del "prestigio y dignificación" del idioma y la literatura de Galicia, algo que permitió "elevar la lengua del pueblo a lengua literaria y artística" y que, añade el texto, "nos cohesiona como pueblo y nos identifica y diferencia en el mundo".
Además, también ha aprobado la firma del convenio con la Academia Galega de Seguridade Pública para que la Xunta se haga cargo de las oposiciones de acceso libre a la Policía Local, una medida que según Carmen Fouces, edil de Personal, para el Concello "todo son vantaxes".
El pleno también ha aprobado por unanimidad dos mociones presentadas por el PP, una para la reforma integral de la Rúa da Torre y de la travesía Francisco Asorey y otra para mejorar la accesibilidad de los parques infantiles para que sean plenamente sensoriales mediante braille.
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