Un médico acusado de cobrar por certificados de defunción gratuitos sostiene su inocencia: "nunca tuve ningún problema con nadie"
Por Natalia Puga
Un tribunal popular juzga desde este martes a J.R.R.D., médico de familia del Servizo Galego de Saúde acusado de cometer un delito continuado de cohecho porque, trabajando en el centro de salud de A Parda, supuestamente pidió dinero para tramitar certificados de defunción que deben ser gratuitos. En la primera sesión del juicio, tras la constitución del propio jurado, sus integrantes pudieron escuchar la declaración del acusado, que en todo momento sostuvo su inocencia.
"Llevo 35 años trabajando y nunca tuve ningún problema con nadie", aseguró durante el interrogatorio del fiscal, que le atribuye cuatro episodios en los que supuestamente exigió a empleados de empresas funerarias dinero a cambio de emitir esos certificados de personas que habían fallecido mientras él estaba de guardia en A Parda, y a cuyas viviendas acudió para confirmar su muerte.
Frente a la acusación de la Fiscalía, que pide que sea condenado a tres años y medio de cárcel y siete años y medio de inhabilitación especial para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina o con la condición de médico, su abogado defensor pide su absolución.
El letrado entiende que la acusación "no se sustenta en datos objetivos" y que las acusaciones que le atribuyen a él, en realidad, "claramente son una corruptela de funerarias" que, según este letrado, en algunos casos, cobran a sus clientes por esos certificados asegurando que es el médico quién lo hace, pero para su enriquecimiento.
El propio acusado fue negando uno por uno los cuatro episodios de los que le acusa el fiscal, ocurridos en 2016 y 2018, y quiso aclarar, como también había hecho su abogado al inicio de la sesión, que el certificado de defunción es diferente de la confirmación del exitus, que consiste en confirmar que, efectivamente, una persona está muerta pero no las causas. Él como médico del servicio de urgencias, está obligado a emitir confirmaciones de exitus, pero no certificados de defunción, que corresponden a los médicos de cabecera salvo en casos excepcionales como muertes en fin de semana o festivo en los que no es posible que el médico de familia lo emita en un plazo de 24 horas.
Esta aclaración la realizó para asegurar que, si él no está obligado a emitir ese certificado, no tiene sentido que las funerarias digan que él les cobra, pues lo que tienen que hacer es acudir a su centro de salud y le emitirán ese certificado sin coste alguno. En todo caso, sí reconoció que en dos de los episodios que le atribuyen emitió igualmente el certificado, en una ocasión porque era festivo y en otra porque la funeraria era de Chantada.
En los cuatro negó que cobrase por este papel y recordó que "no tengo obligación de emitir certificados de defunción, soy médico de urgencias, no estoy para cuestiones administrativas".
El primero ocurrió en noviembre de 2016, cuando acudió a un domicilio en Pontevedra en el que se había producido el fallecimiento de una mujer de edad avanzada. En este caso, cuando el empleado de una empresa funeraria acudió a su oficina para pedir el certificado, lo emitió porque le relató que era de Chantada y porque había tenido acceso al informe médico de la paciente fallecida, pero solo de forma excepcional. En ese informe señaló que fue un "fallecimiento por senectud" y niega haber cobrado los 70 euros que asegura el empleado de la funeraria que le exigió. Tras este primer hecho, la hija de la fallecida presentó una queja ante el Sergas.
El segundo episodio ocurrió en enero de 2018 tras una muerte en Monte Porreiro y también acabó en queja por parte del hijo de la fallecida ante el Sergas. En este caso, también fue de urgencia a la casa y luego el empleado de la funeraria acudió al centro de salud para pedir un certificado de defunción, a lo que él le respondió que solo haría el de éxitus, como efectivamente hizo. En este caso, el empleado de la funeraria aseguró que le pidió 70 euros por emitirlo y, como no le pagó, no se lo emitió y solo confirmó la muerte. La certificación oficial de defunción fue finalmente realizada por el médico de cabecera de la fallecida.
En febrero de 2018 ocurrió el tercer acontecimiento denunciad, por una muerte en Cerdedo-Cotobade. El acusado también reconoce que acudió al domicilio a confirmar la muerte y que luego el empleado de la funeraria fue a su consulta más tarde a recoger la confirmación, se lo dio y, 6 minutos más tarde, volvió, le recordó que era domingo y él también emitió el certificado de defunción. En este caso, en el programa informático del Sergas registró que emitía el certificado y una anotación "no se cobra".
El fiscal, Jesús Calles, le preguntó por qué había especificado ese detalle en ese caso y no en el resto y el acusado se justificó explicado que en aquellos días había un runrún de que las empresas funerarias decían falsamente que los médicos cobraban por estos certificados y él vio que una compañera reflejaba en el informe que no era así, de modo que él también lo hizo.
Tras esta muerte, el empleado de la funeraria que fue a su despacho presentó una reclamación en el centro de salud e hizo una consulta en el Juzgado de Guardia tras discutir con el médico y aseguró que le había pedido 30 euros a cambio del certificado y él se lo pagó, pero el acusado negó la discusión y también haber cobrado. Este hecho acabó finalmente en el juzgado y fue el que motivó que se abriese la investigación de la Fiscalía que ha dado lugar a este juicio.
El último de los hechos que se juzgan ocurrió por un fallecimiento en una vivienda de Pontevedra en junio de 2018 y el acusado también asegura que no emitió certificado de defunción ni cobró, pero la empresa funeraria sostiene que quería cobrar 100 euros, pero la familia se negó y, por ello, el hijo del fallecido, denunció los hechos.
El juicio continuará este miércoles 10 de febrero en la sección cuarta de la Audiencia Provincial con la declaración de los testigos de la causa.
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