Los trabajadores del Concello se rebelan contra la política de Persoal
Por Manu Otero
Representantes de las cinco organizaciones sindicales con representación en la junta de personal del Concello de Pontevedra han comparecido ante los medios de comunicación este lunes para expresar su malestar por las tensiones que, a juicio de los trabajadores, la política de personal del gobierno local está produciendo en el colectivo.
Denuncian los representantes del funcionariado el incumplimiento por parte de la administración local de acuerdos anteriores a este mandato, la imposición "errática" de condiciones de trabajo que afectan al personal o la falta de un proyecto que mejore la eficiencia, calidad y atención a la ciudadanía. Pero es la falta de voluntad negociadora lo que más enfada a los trabajadores, que han dejado de acudir a las mesas de negociación en señal de protesta.
"No vamos a las mesas de negociación porque no se negocia, imponen sus medidas. Aprueban todo con el voto en contra de los sindicatos", denuncia la presidenta de la Junta de Personal, Yolanda González.
Critican además que la concellería de Persoal, que dirige la nacionalista Carmen Fouces, cuenta con una dedicación exclusiva y una partida presupuestaria que se incrementó en más de 130.000 euros con respecto al mandato anterior.
Este aumento "no se refleja en una mejora en la eficacia o calidad técnica de esa gestión, prueba de ellos son las numerosas sentencias judiciales que reconocen la vulneración sistemática de derechos laborales en el seno del Concello de Pontevedra", sostienen los trabajadores, que hacen referencia a más de una treintena de sentencias judiciales favorables a los trabajadores y otros tantos procesos todavía abiertos.
La gota que ha colmado la paciencia de los trabajadores han sido las trabas que el gobierno local está poniendo para la concesión de permisos. Aseguran que, en plena pandemia, obligaban a los empleados a presentar un certificado médico del Sergas para la concesión de permisos por problemas puntuales de salud.
Por todo ello, los representantes de los trabajadores reclaman un encuentro con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores para hacerle conocedor de la situación y tratar de pactar con él una solución a un conflicto que, para empezar, pasaría por la aplicación del convenio regulador del 2007 y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los últimos años entre el personal y la administración.
Con un respaldo del 95%, los trabajadores no dejarán de pelear por la defensa de sus derechos. "Si hay que llegar a la huelga, llegaremos", advierten.
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