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© Mónica Patxot
El fiscal Antidroga mantiene la petición de 77 años de cárcel para la red de narcos del fallecido 'Lucky Luciano'
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Por Natalia Puga
Tres semanas después, ha finalizado el juicio en el que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzga a seis de los ocho detenidos en la denominada operación Bodeguilla de la Guardia Civil. Se juzgó con la ausencia del presunto líder de la trama, Luciano ‘Chano’ Núñez, conocido también como Lucky Luciano y condenado en la operación Nécora, porque falleció en 2020 durante la instrucción de la causa; y de Christian Muder, fugado desde 2018. Para los seis restantes, el fiscal Antidroga, Pablo Varela, mantiene que deben ser condenados a penas que suman 77 años de prisión.
Los seis acusados que se sentaron en el banquillo de la Audiencia mantuvieron su inocencia y piden su libre absolución, pero el fiscal considera que el juicio, que se celebró en varias sesiones repartidas en las tres últimas semanas, permitió acreditar que conformaron una organización que intentó introducir un alijo de más de 497 kilos de cocaína en 2016 a través del puerto de Algeciras. La droga llegó camuflada en contenedores de fruta y cacao y tenía como destino Galicia.
Pablo Varela modifcó ligeramente su escrito de conclusiones iniciales, pero mantuvo la esencia del mismo y las penas de prisión solicitadas, que recogen una condena mayor para tres de los acusados, el baionés José Castro Lamas, el malagueño Rafael Ortega Perea y el colombiano Juan Ramón Criollo, para los que pide 15 años de prisión y multas de 168 millones de euros por cabeza.
Para otro de los gallegos acusados, Manuel Fariñas, de Ourense, pide 12 años y 100 millones en multas; y para los dos procesados restantes la pena sería de 10 años y 100 millones de euros. Se trata del vigués Ricardo Juan Dacal y el colombiano Jairo Criollo, padre del acusado Juan Ramón Criollo.
El fiscal sostiene que todos contaban con un esquema de actuación estable, jerarquizado y con un preciso reparto de funciones y cometidos, todo ello encaminado al objetivo de desarrollar una actividad sostenida de venta de sustancias ilícitas, siendo todos conscientes del daño que para la salud pública se generaba con su actividad.
Buena parte del juicio se centró en la figura de un agente encubierto de la Guardia Civil que se hizo pasar por un agente corrupto que les ayudaría a introducir droga por el puerto de Algeciras.
Las defensas de los acusados lo cuestionaron por su ilegalidad, de modo que Pablo Varela centró la mayor parte de su informe final de este jueves en defender su legalidad. Citó normativas de la Unión Europea, numerosa jurisprudencia española e incluso una sentencia que se dictó este mismo mes, el 10 de junio de 2021, en el Tribunal Supremo para defender esta figura.
Además, aseguró que la acusación no solo se basa en las pruebas recabadas por este agente, sino que se han documentado en registros, seguimientos y pinchazos de comunicaciones las relaciones de los supuestos narcotraficantes.
En el inicio del juicio el pasado 3 de junio los acusados ya sostuvieron su inocencia, este miércoles en su declaración ante el tribunal se ratificaron y este jueves fueron sus abogados defensores los que lo hicieron por ellos. Tan solo dos de los letrados introdujeron pequeñas modificaciones en su escrito de defensa inicial.
Destaca el de Manuel Fariñas, que modificó su postura inicial para pasar a reconocer que, subsidiariamente, podría ser condenado por un delito contra la salud pública en grado de de tentativa.
Los abogados defensores se centraron en cuestionar, de nuevo, la figura del agente encubierto. En el inicio del juicio incluso pidieron la nulidad de las actuaciones y este jueves se reiteraron en que se trata de un "delito provocado" por este agente, que habría guiado a los ahora acusados para que realizasen las gestiones oportunas para traer a Galicia el alijo con la droga.
Según sostienen, solo lograron que los procesados realizasen gestiones "porque el guardia civil finge ser el que no es".
Además, cuestionaron que durante la instrucción de la causa hubo "ocultación de información relevante para la defensa" y que se trata de un "problema estructural del sistema actual". Hablan también de "una especie de soberbia corporativa" entre las administraciones.
"El único fin era conseguir pruebas para encarcelar al señor Castro", sostuvo, a mayores, el abogado de este acusado, José Castro, uno de los supuestos impulsores de la red junto con Lucky Luciano.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
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