La estrategia de defensa de la tripulación del narcosubmarino: participaron por "necesidad económica" y no hablan más por miedo
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La "necesidad económica" empujó a Agustín Álvarez. Luis Tomás Benítez hizo el viaje "por la crisis económica de mi país", Ecuador. Y Pedro Roberto Delgado necesitaba dinero porque tenía un hijo de dos años con cáncer, al que lamenta que no pudo salvar.
Agustín, Tomás y Pedro son los tres tripulantes que cruzaron el Atlántico entre Brasil y Galicia a bordo del narcosumbarino que en noviembre de 2019 acabó hundido en la ría de Aldán, en Cangas, y este lunes fueron los grandes protagonistas del juicio que comenzó en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra ellos y otras cuatro personas.
Los tres se pusieron de pie ante el tribunal al inicio del juicio y reconocieron los hechos que le atribuye la Fiscalía. Horas más tarde, una vez resueltas las cuestiones previas, declararon uno por uno y, respondiendo únicamente a preguntas de sus abogados defensores, fueron justificando sus razones.
Ninguno dio opción a que el fiscal del caso, Pablo Varela, indagase más sobre su participación y los dos de origen ecuatoriano explicaron que era por miedo. Pedro Roberto porque, de dar más detalles, "pondría en peligro mi vida y la de mi familia" y Luis Tomás porque "la vida de mi familia está en peligro".
Los tres tripulantes están en prisión provisional por estos hechos y mostraron su arrepentimiento. Además, coincidieron que se sumaron al transporte de la cocaína -más de 3.000 kilos valorados en 123 millones- por apuros económicos y en negar que fuesen propietarios de la droga
Además, Agustín reconoció los hechos que le atribuye el fiscal, pero lo desmiente en una cosa. Pablo Varela considera que era el piloto del semisumergible, pero él lo niega. Además, su abogado también quiso aclarar, en el momento de las cuestiones previas, que no están de acuerdo con las penas que le pide el fiscal.
Los siete están acusados de formar parte de una estructura criminal internacional que tenía por finalidad cruzar el Atlántico con el cargamento de cocaína y el fiscal los considera autores de un delito contra la salud pública y pide que sean condenados a 13 años y medio de prisión, y el pago de 600 millones de euros, dos multas de 300 millones de euros.
La primera sesión del juicio tan solo incluyó la declaración de estos tres acusados y luego dio paso al primer Guardia Civil que participó en la investigación porque los abogados del resto de procesados pidieron poder declarar al final de la vista oral. Cabe señalar que los cuatro ya indicaron, al inicio del juicio, que no reconocen los hechos.
El tribunal le concedió esta petición, pero le negó otras como que se debía anular el registro en la casa de uno de los procesados o que se había vulnerado su derecho a la legítima defensa porque se fijó la fecha del juicio antes de que ellos presentasen sus escritos de defensa.
En su detallada declaración, el agente explicó que días antes de que se localizase la embarcación, una alerta del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa ya había motivado la puesta en marcha de una amplia operación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Agencia Tributaria, si bien el hallazgo fue finalmente casual.
Una patrulla de la Guardia Civil que no conocía esa investigación encontró a uno de los acusados, Rodrigo Hermida Bonilla, de madrugada en la playa de O Foxo y, al acercarse, vio que estaba en un coche con las luces encendidas enfocando al mar y que se veía la embarcación y a los tripulantes saliendo del agua.
Este acusado llevaba en el maletero tres bolsas con ropa sin estrenar y unas barras energéticas supuestamente para los tres tripulantes. Sin embargo, en ese momento, no fue detenido porque no se sabía su implicación con lo que estaba ocurriendo en el agua.
Según este mismo agente, las investigaciones realizadas antes y después del hallazgo -a través de volcados o ubicaciones de teléfonos móviles y de interrogatorios- les permitieron concretar que los otros cuatro acusados tenían planeado salir al encuentro del submarino con otro barco y hacer el trasvase de la droga para recogerla, pero, finalmente, optaron por poner en marcha un plan B, hundirlo, rescatar a los tripulantes y regresar en otro momento a recuperar la droga.
Según este agente, se ve claramente que hubo un "hundimiento deliberado" de la droga, que estaba preparada en fardos impermeables. Varios guardias civiles trabajaron durante dos horas para recuperarla del agua.
También este agente reveló el contenido del interrogatorio de Rodrigo Hermida, que les relató que el acusado Iago Serantes, vigués con domicilio en Palma de Mallorca al que los investigadores consideran líder de la organización, le había ofrecido entre 15.000 y 20.000 euros por participar en la descarga. También están acusados el padre del supuesto jefe y Iago Rego Rosende, vigués con domicilio en Lleida.
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