Los abogados llaman a concentrarse contra la Ley de Tasas, que los pontevedreses notan "día a día"
Por Redacción
Día a día, en todos los despachos de abogados de Pontevedra se nota el impacto de la Ley de Tasas Judiciales. Llega un cliente y el letrado calcula el coste que supondrá su defensa, pagar la defensa de la parte contraria en caso de que pierda y, a mayores, el importe de las tasas judiciales que debe pagar ya para presentar la demanda. Entregada la factura, son cada vez más los ciudadanos que se echan atrás y deciden no acudir a la Justicia.
La situación la describe el decano del Colegio Provincial de Abogados, Ramón Jáudenes, que señala que "es carísimo litigar" y "eso echa para atrás a la gente y hace que se cuestione: a mí no me compensa, me sale carísimo". La consecuencia es que se ha reducido el número de causas judiciales abiertas en el último año, desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hace justo un año este martes 19 de noviembre.
Por este y otros motivos el Colegio de Abogados de Pontevedra invita a toda la ciudadanía a una concentración de rechazo frente a la Ley de Tasas Judiciales. La protesta será a las 12.00 horas de este miércoles 20 de noviembre ante la Audiencia Provincial y en las sedes de todos los partidos judiciales de la provincia.
Jáudenes y el secretario del Colegio Provincial, Juan Carlos Abeigón Vidal, presentaron esta concentración con un llamamiento a la participación de todos los pontevedreses y, en particular, de todos los trabajadores y profesionales vinculados al mundo de la justicia, para "exteriorizar con ello nuestro rechazo y repulsa" a la Ley de Tasas.
Las concentraciones se reproducirán en todas las sedes judiciales de España convocadas por el Consejo General de la Abogacía con el fin de "informar como abogados a la ciudadanía de la gravedad y perniciosa incidencia de esta ley, pues la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino, y además, una restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos".
Los abogados son "testigos de excepción de lo que ha supuesto la ley de tasas" y de la "restricción del acceso a la Justicia que tienen nuestros clientes" y, como tales, quieren exteriorizar en la calle "una postura firme y unánime" para que la ciudadanía "sea consciente" de sus consecuencias.
Denuncian que la norma "ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia"
Ramón Jáudenes dio lectura al manifiesto aprobado con motivo del "triste aniversario" de esta ley sobre la que, un año después de su publicación, "se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación", pues ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva.
El documento denuncia que la medida "ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia", a lo que el decano de los abogados pontevedreses añade que, según datos del propio Ministerio de Justicia, en el último año se ha producido un reducción del 24% en la tramitación de causas judiciales, achacable a la Ley de Tasas. Este porcentaje significa que "250.000 ciudadanos, por lo menos, se han quedado sin poder pedir Justicia ante los tribunales".
A pesar de que se ha grabado el acceso a la Justicia, "no se ha penalizado el mal uso y abuso" que se hace, en ocasiones, de la misma, pues "las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho". "Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas" y, sin embargo, las personas de menores recursos económicos no han encontrado una solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita y el Ministerio "ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita".
Los abogados concluyen que el objetivo de la Ley de Tasas "era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos" y recuerdan que la contestación social ha sido unánime y hay cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad presentados. En el momento actual, confían en que el Tribunal Constitucional tumbe la normativa y piden que "agilice su respuesta".
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