Representantes sindicales de la prisión de A Lama trasladan el malestar del personal a la subdelegada del Gobierno
Por Redacción
Maica Larriba, subdelegada del Gobierno, recibía durante este jueves a representantes de las organizaciones sindicales del Centro Penitenciario de A Lama. Integrantes de ACAIP-UGT, CCOO, CSIF, CIG, ATP y TAMPM manifestaban en este encuentro el malestar que se detecta en el personal con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la gestión realizada durante los últimos cuatro años por Ángel Luis Ortiz.
Aseguran que se incumplen por parte de la administración aquellas mejoras laborales que se prometieron y denuncian la nula voluntad de llegar a acuerdos en las negociaciones. Por este motivo y por mala gestión de determinadas situaciones conflictivas, presentaron en el registro la petición del cese del secretario general de Instituciones penitenciarias, avalada por 340 empleados de la prisión de A Lama.
Entre los temas tratados, los representantes sindicales alertan de la "situación crítica de los servicios médicos" del centro. Señalan que, a la pérdida paulatina de facultativos debido a las jubilaciones, se suma que la mayoría de las plazas convocadas para cubrir estos puestos quedan desiertas. Afirman que el motivo se encuentra en que los facultativos se enfrentan a condiciones laborales en los servicios sanitarios de la prisión "peores" que en el sistema público de salud.
También mostraron su preocupación por el envejecimiento del personal del centro, principalmente entre los funcionarios del área de vigilancia interior. Los más veteranos, al cumplir 57 años, se acogen de forma masiva a la denominada "segunda actividad" que supone el acceso a una plaza sin contacto con los internos, según exponen los sindicatos. Esta situación provoca una disfunción ya que los funcionarios que optan a estas opciones ocupan puestos de otras áreas. A este problema se añade que las vacantes en el servicio de vigilancia no vuelven a ocuparse.
También transmitieron la necesidad de que se dote con personal propio al Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo, como sucede en la ciudad de A Coruña. Afirman que la actual política penitenciaria prioriza el cumplmiento de penas en régimen de semilibertad y esto provoca un incremento del número de internos en el CIS. Con el actual equipo, señalan, no pueden atender esa instalación con garantías.
La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, escuchó las demandas y señaló que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "estamos empeñados en revertir las consecuencias de la política de recortes del Partido Popular". Trasladó a los sindicatos el compromiso del Gobierno y, en particular, del Ministerio de Interior, con los centros penitenciarios y su personal.
Recordó que en los últimos cuatro años, el Gobierno convocó 3.771 plazas destinadas a cubrir las diferentes vacantes de las instituciones penitenciarias españolas, mientras que los seis años previos con Mariano Rajoy en el poder solo se convocaron 668 plazas.
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