Dos vecinas de Poio, acusadas de estafar más de medio millón de euros desde una gasolinera del Deza
Por Redacción
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinas de Poio como principales responsables de un entramado criminal al que se le atribuye haber estafado 525.020 euros a una empresa proveedora de servicios de pagos, a través de la que financiaban las ventas a crédito de una gasolinera ubicada en la comarca pontevedresa del Deza.
Las investigaciones se iniciaron a principios de este año por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (Grupo de Delitos contra el Patrimonio), de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a raíz de una denuncia presentada por la empresa financiera en el Juzgado de guardia de Lalín.
Según se desprende de las investigaciones realizadas, la estación de servicio tenía firmado un contrato de financiación de crédito con una empresa proveedora de servicios de pagos para gestionar la venta a crédito de gasóleo tipo 'A' a distintas empresas pantalla que, a pesar de que en algunos casos podían estar inscritas en el Registro Mercantil, en realidad eran ficticias.
De esta forma y mediante el análisis de las facturas y demás documentación examinada, se pudo constatar que habían solicitado créditos para avalar las falsas ventas de gasóleo, al menos a tres de estas empresas, que las ubicaban ficticiamente en las provincias de Pontevedra, León y Madrid.
Fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la que se denominó operación 'Nazarín', la Guardia Civil procedió a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, con las agravantes estimadas de reincidencia, cantidad defraudada y credibilidad comercial.
Las actuaciones se completaron con registros tanto en el domicilio que compartían las detenidas en Poio como en la estación de servicio, interviniéndose: 6.000 euros y 500 dólares en metálico, varios aparatos informáticos, teléfonos móviles y documentación relacionada con la operativa comercial, además de dos vehículos.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial les atribuye también un delito de pertenencia a grupo criminal que estaba integrado por otro vecino de A Estrada, que fue investigado penalmente, y otros dos ciudadanos de nacionalidades rumana y argentina, que tenían su último domicilio conocido en Madrid y actualmente en paradero desconocido.
Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción 2 de Lalín, que decretó el ingreso en prisión de una de las detenidas como principal responsable del grupo.