El sindicato policial CEP pide una evaluación psicosocial de todos los radiopatrullas de la Comisaría de Vilagarcía
Por Redacción
El sindicato de Policía Nacional Confederación Española de Policía (CEP) da un paso más en las denuncias que lleva realizando durante las últimas semanas en relación con el funcionamiento de la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía. Ahora, solicitan que se realice una evaluación psicosocial de los agentes de la policía nacional que componen el Grupo Local de Seguridad Ciudadana, más conocidos como radiopatrullas.
CEP ha solicitado formalmente y de manera urgente estas evaluación ante la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Galicia.
Entre sus demandas también figura reunirse con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, para tratar los problemas de las comisarías de la provincia y la solicitud de cese del jefe de la Comisaría de Vilagarcía, Luis Hombreiro, que ya realizaron hace semanas.
De hecho, cabe recordar que los tres sindicatos CEP, ASP y JUPOL ya solicitaron de forma conjunta este cese inmediato.
Desde el sindicato insisten en que piden estas medidas en un "ejercicio de responsabilidad" para velar por la salud de unos agentes que llevan años velando por la seguridad de sus convecinos y que desde la llegada de su actual jefe policial "se han visto perjudicado en sobremanera por la mala gestión de éste".
Así, hablan de una situación "insostenible y de caos" en materia laboral en esas dependencias policiales, y de una "alarmante" subida de la delincuencia en una ciudad donde los robos habían disminuido un 20% y el primer trimestre de 2022 la criminalidad aumentó un 42,5% respecto al mismo periodo del año pasado, diez puntos por encima del resto de Galicia.
El número de infracciones penales registradas en Vilagarcía de Arousa en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022 ha supuesto un deterioro considerable de la seguridad ciudadana. Por tipologías delictivas, los incrementos más preocupantes por la alarma social que generan y su impacto en la sensación subjetiva de seguridad que perciben los ciudadanos se producen en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (aumento del 100%), en los hurtos (70,9%) y en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (+45,5%).
En términos absolutos, en el primer trimestre de 2022 se registraron 516 infracciones penales frente a las 362 del mismo periodo de 2021.
De este incremento responsabilizan al jefe policial, al que atribuyen "mala gestión" y una redistribución de la plantilla "sin lógica alguna" que consdieran ha perjudicado a la misma y a los ciudadanos.
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