Mosquera asesorará al Parlamento en la tramitación de la nueva Ley del Suelo
Por Alejandro Espiño
Intentar que el modelo urbano de Pontevedra tenga cabida en la nueva legislación urbanística. Es el objetivo con el que César Mosquera comparecerá el próximo jueves ante la comisión de estudio para la elaboración de una nueva ley del suelo. En ella participarán, además del conselleiro Agustín Hernández, otras 31 personas, entre las que se encuentran representantes de la FEGAMP, asociaciones agrarias y medioambientales o técnicos y expertos en la materia.
En este último apartado se incluye la aportación que hará el concejal de Ordenación del Territorio en el Concello de Pontevedra. La comparecencia de todos ellos se hará en base al borrador de la ley, ya redactado por el gobierno gallego. Un documento que, según César Mosquera, "non modifica a lei actual dunha forma susbtancial" y, por lo tanto, no recoge el modelo de ciudad por el que apuesta Pontevedra.
"Entendemos que é unha boa oportunidade para poder resolver unha serie de problemas que ten a lexislación urbanística en Galicia", señaló Mosquera, en especial con respecto a la política desplegada en Pontevedra. En todo caso, afirmó que "non pedimos que a lei se faga a medida do noso modelo e que se lle impoña a outros concellos, pero aspiramos a que teña unha cabida razonable na nova lei".
El edil nacionalista reconoció que, en los últimos años, el gobierno municipal ha tenido que esquivar, siempre respetando la legalidad, algunos aspectos que marcaba la ley del suelo en vigor. Se trata de condicionantes urbanísticos que ahora Pontevedra pretende suavizar en la nueva legislación. Unas sugerencias que, de ser aceptadas, "evidentemente" supondría recuperar la tramitación del nuevo PXOM.
Mosquera hará un especial hincapié en la oposición a la obligada construcción de bloques de viviendas aislados y con mucha altura, ya que Pontevedra apuesta "por alturas contidas e un tecido urbano continuo"; evitar que el 50% de cada ámbito de actuación tenga que dedicarse a viales y aparcamientos, suspender que un particular pueda solicitar una expropiación forzosa o clarificar las competencias urbanísticas entre la Xunta y los concellos.