El año en curso ha sido testigo de un intenso panorama en torno a la empresa Ence en Pontevedra, caracterizado por una serie de situaciones que abarcan desde su compromiso con la descarbonización hasta conflictos laborales, disputas judiciales por su permanencia en la ría y la promoción de iniciativas de responsabilidad social.
El año comenzó con Ence anunciando el 5 de enero una actualización de su Plan de Descarbonización, con el objetivo de sustituir hasta un 60% el uso de fuel en el horno de cal de la fábrica de Lourizán para 2035.
La empresa detalló que esta estrategia, enmarcada en el proyecto "Pontevedra Avanza" con una inversión de 120 millones de euros, busca reducir el consumo de madera y agua para producir las mismas toneladas de celulosa, sin implicar una ampliación de las instalaciones.
Sin embargo, el 15 de enero, el Comité de Empresa de la factoría de Lourizán lanzó un ultimátum, amenazando con una huelga ante la falta de inversiones para garantizar la seguridad y la gestión de la fábrica.
Los representantes sindicales denunciaron una situación "insostenible" que ponía en riesgo la seguridad de la plantilla, el deterioro de las instalaciones y problemas en la gestión de personal, como la alta rotación de eventuales y la falta de personal para un correcto funcionamiento.
Ence respondió defendiendo su gestión, asegurando una inversión de más de 200 millones de euros en la planta en la última década, con 15 millones destinados en 2024 y otros tantos previstos para 2025.
La empresa atribuyó el incremento de personal sustituto a una tasa de absentismo cercana al 9% y destacó un salario medio de 57.000 euros anuales en la biofábrica, junto con un índice de accidentalidad cinco veces por debajo de la media del sector.
El 16 de enero, el Comité de Empresa acusó a la dirección de utilizar "falsedades y datos sesgados", rebatiendo las cifras de la empresa sobre la rotación de personal, la formación de eventuales y el salario medio, que consideraron engañoso al incluir sueldos de directivos. También cuestionaron la inversión real, asegurando que gran parte correspondía a reformas previas a la prórroga de la concesión en 2018.
Finalmente, el 22 de enero, el comité de empresa de Ence Pontevedra convocó una huelga de 24 horas para el 30 de enero, ante la "absoluta falta de comunicación y voluntad negociadora" de la dirección. La empresa, por su parte, manifestó su respeto al derecho de huelga y su vocación de diálogo, detallando siete reuniones con el comité en los últimos dos meses.
La huelga, el 30 de enero, registró un "seguimiento total" según el comité de empresa, paralizando la actividad en la factoría, salvo los servicios mínimos. Los piquetes informativos señalaron el no acceso de personal propio ni de empresas auxiliares. El comité valoraba la huelga como un "éxito" y denunció la actitud de directivos que buscaron "provocación" ante los trabajadores.
Los sindicatos, que acumulan más de treinta denuncias ante la Inspección de Trabajo, reiteraron la necesidad de una inversión de envergadura y un cambio radical en la gestión del mantenimiento.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El 19 de mayo, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), junto con otras plataformas, convocó una "marcha contra as celulosas" para el 1 de junio, bajo el lema "Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa", uniendo la lucha contra la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra y la instalación de Altri en Palas de Rei.
Antón Masa, presidente de la APDR, expresó su convencimiento de que la celulosa de Altri no se instalará y trazó un paralelismo histórico con la instalación de Ence en Pontevedra.
El 1 de junio, miles de personas se dieron cita en Pontevedra y Marín en la "marcha contra as celulosas", que se transformó en una reivindicación conjunta contra Ence y Altri, rematando delante de la factoría de Lourizán y convirtiéndose en la más multitudinaria de las últimas ediciones.
Días antes, la batalla judicial contra la continuidad de Ence recibió un nuevo capítulo. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el Concello de Pontevedra contra la sentencia que avaló la prórroga de la concesión a la pastera hasta 2073.
La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, celebró esta decisión, calificando la prórroga de "claramente irregular" y denunciando la vulneración de directrices europeas y la falta de justificación para la ubicación de la fábrica en la ría.
Por su parte, Ence aseguró que la admisión a trámite "tan solo implica" que se valorará si se han vulnerado derechos fundamentales y reiteró que la prórroga "no es objeto de discusión" en el recurso de amparo.
El 19 de junio, Ence anunció la sexta convocatoria de su Plan Social para Pontevedra, con una inversión de tres millones de euros para impulsar proyectos de desarrollo sostenible y bienestar en Pontevedra, Marín y Poio.
ESCASEZ DE AGUA EN EL LÉREZ
El 24 de julio, el Tribunal Supremo emitió su tercera sentencia avalando la prórroga de la concesión a Ence en el procedimiento iniciado por la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR).
El alto tribunal declaró válido el permiso para que Ence ocupe terrenos de dominio público marítimo terrestre hasta 2073, no considerando aplicable el artículo 32.1 de la Ley de Costas a las prórrogas otorgadas al amparo de la Ley 2/2013. Esta sentencia contó con un voto particular de dos magistrados.
El 5 de agosto, la planta de Ence en As Pontes obtuvo la Autorización Ambiental de la Xunta para su nueva fábrica de fibra reciclada blanqueada, un proyecto declarado estratégico que busca producir 100.000 toneladas anuales de fibra reciclada blanqueada usando papel y cartón recuperados, funcionando con energía renovable y tecnología de blanqueo totalmente libre de cloro.
El 6 de agosto, el Concello de Pontevedra urgió a la Xunta a ordenar a Ence parar la captación de agua del Lérez, ante la crítica situación del río, cuyo caudal había registrado valores por debajo del mínimo ecológico.
El concejal de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, subrayó que "una captación industrial es incompatible con el abastecimiento de agua para la población".
Ence, por su parte, aseguró estar preparada para detener su actividad si peligra el caudal ecológico, destacando su gestión "responsable" y la reducción de su consumo de agua en un 40% en diez años.
En agosto, la alcaldesa accidental de Pontevedra, Eva Vilaverde, valoró la activación por parte de la Xunta de la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, aunque consideró que llegaba "una semana tarde".
La dirección de la empresa insistió en afirmar que "el consumo humano es prioritario".
PLAN DE DESPIDOS
El 28 de agosto, CCOO denunció tres accidentes graves este año en Ence, acusando a la empresa de "opacidad" y represalias contra los trabajadores auxiliares. El sindicato detalló los siniestros y criticó la política de prevención de riesgos laborales de Ence, basada en el "miedo, el acoso y la represión".
Ence rechazó las acusaciones, asegurando una inversión de 9,1 millones de euros en seguridad para 2025 y destacando que su índice de frecuencia de accidentes es muy inferior a la media del sector.
El 8 de octubre, trabajadores de Ence Pontevedra se concentraron para protestar contra la "decisión unilateral" de la empresa de externalizar el servicio médico, lo que supondría la eliminación de cuatro puestos de trabajo.
El comité de empresa denunció un "plan real de recortes" y una "negligencia gravísima" que afectaría la atención sanitaria en la fábrica.
Ence defendió su decisión como una mejora del servicio de vigilancia de la salud a través de QuirónSalud, destacando su inversión en seguridad y su bajo índice de accidentalidad.
El 17 de octubre, el comité de empresa de Ence Pontevedra denunció el despido de cuatro trabajadores auxiliares de EULEN, en el marco de un "plan demencial de recortes".
El comité alertó sobre el estado de la limpieza industrial y las áreas de personal, calificándolas de "lamentables" y provocadoras de "graves situaciones de exposición a riesgos, inseguridad e insalubridad". Ence afirmó que estas acciones se enmarcan en la "optimización de sus procesos y recursos" para reforzar su competitividad.
El 20 de octubre, CCOO no descartó "absolutamente ningún escenario de lucha" contra los despidos en las auxiliares de Ence, anunciando movilizaciones y huelgas.
El 23 de octubre, una nueva protesta de personal de Ence denunció los despidos y el "desmantelamiento" de la fábrica, con la empresa insistiendo en que se trata de un plan de "optimización".
CONFLICTO CON TRANSPORTISTAS Y ERE
El 28 de octubre, transportistas de Galicia y Asturias suspendieron el servicio a Ence debido a una "drástica reducción de las tarifas", que oscila entre un 5% y un 11%, impuesta de manera unilateral por la empresa. Las organizaciones de transportistas reclamaron la apertura urgente de una mesa de negociación.
Durante este mes, los transportistas acusaron a Ence de presionar a sus proveedores y pusieron bajo sospecha el uso de subvenciones públicas.
El 29 de octubre, Ence anunció un plan de eficiencia y competitividad para 2025-2027, que incluirá una reorganización de su plantilla en el marco de un proceso de despido colectivo.
La empresa espera conseguir con esta decisión ahorros de unos 200 millones de euros, con la aplicación de inteligencia artificial, automatización de procesos y la simplificación de operaciones internas.
El proyecto "Pontevedra Avanza" continuará en paralelo, con una inversión de 120 millones de euros. El comité de empresa de Ence negó haber sido contactado formalmente para negociar el ERE.
El 7 de noviembre, Ence se adelantó a una rueda de prensa del comité de empresa para explicar su postura sobre el plan de despidos. La compañía admitió que los potenciales afectados en Pontevedra alcanzarían a 39 personas (el 6,5% de la plantilla), a acometer entre 2026 y 2027.
La dirección planteó prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones, reiterando su "voluntad de diálogo". Sin embargo, el comité de Ence convocó doce días de huelga, acusando a la empresa de "traición" y "mentiras", y denunciando compromisos incumplidos en inversiones y empleo.
El 8 de noviembre, el personal de Ence inició su huelga de doce días en protesta por los despidos y recortes, con un seguimiento del 100% de la plantilla. El comité de empresa denunció que el "plan de competitividad" se basa únicamente en recortes de personal y no en avances tecnológicos.
El 11 de noviembre, la huelga continuó con una división en Ence y un enfrentamiento entre representantes de la plantilla en diferentes centros de trabajo. El Comité de Oficinas Centrales expresó su "indignación" por la postura del comité de Pontevedra de negarse a negociar el plan de despidos, mientras que el comité de la fábrica reprochó a sus compañeros de oficinas alinearse con la dirección.
El 13 de noviembre, Omar Vázquez, secretario comarcal de CCOO, afirmó: "Preferimos condenar a muerte a ENCE antes que ser cómplices de un solo despido", acusando a la empresa de "engañar y traicionar" a los trabajadores. CCOO exigió la intervención de la Xunta de Galicia y anunció nuevas jornadas de huelga.
Ence justificó los despidos por cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, enmarcando la medida en su plan de eficiencia y competitividad.
El 21 de noviembre, Ence inició en Madrid las negociaciones formales del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Los trabajadores de Ence, en una nueva jornada de huelga con un seguimiento del 100%, se trasladaron a la delegación territorial de la Xunta para pedir al presidente Alfonso Rueda que evitara el ERE. El comité denunció "mala fe" de Ence y "oscuros rumores" de operaciones encubiertas con Altri.
ACUERDO FINAL
El 3 de diciembre, los trabajadores de Ence convocaron una nueva huelga para el 9 de diciembre, ante la "nula voluntad de acuerdo" de la empresa en el proceso de ERE. El comité denunció la falta de transparencia, los incumplimientos del convenio colectivo y la creciente inseguridad de la plantilla.
El 5 de diciembre, trabajadores de Ence se concentraron en Santiago ante la sede de la Confederación de Empresarios en Compostela para denunciar el incumplimiento de los compromisos de inversión y modernización, así como el estancamiento en la negociación del ERE.
El 9 de diciembre, se retomó la huelga total en Ence con una concentración ante la sede de la Xunta en Santiago. En estos días de protesta, los trabajadores abuchearon a la conselleira de Industria y al director territorial de la compañía en un evento celebrado en la capital gallega.
Ence y la Xunta cerraban este mes la evaluación del Plan Social 2025 con 240 proyectos aprobados.
Finalmente, el 23 de diciembre, Ence pactó con los sindicatos que los despidos en Pontevedra sean prejubilaciones o "voluntarios e incentivados".
El acuerdo, ratificado por el 82% de los trabajadores, establece un máximo de 57 contratos extinguidos en los distintos centros de trabajo de Ence, dilatable hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los sindicatos lo consideraron un "mal menor" para evitar salidas "forzosas y traumáticas", aunque lamentaron seguir sin conocer las motivaciones del ERE ni los puestos a amortizar.
Ence enmarcó el pacto en su plan de eficiencia y competitividad, destacando su potencial de ahorro y sus inversiones en el proyecto "Pontevedra Avanza".