Rafael FJ Rios
Cuentos chinos
La vivienda es otro panal de rica miel a la que muchas moscas de la Política acuden siendo como es una de las formas de ahorro y un bien que determina la vida económica de las familias, una de las decisiones soberanas por antonomasia. Soberanía de las familias pero también un concepto pringado de Política, es decir, de forma abrumadoramente mayoritaria, de intervención antieconómica.
Para que haya vivienda moderadamente asequible lo primero que tiene que haber es empleo. Sin empleo no hay nada. Si la sociedad española sigue empecinada en descalabrar a costes el empleo, a decirles a los empresarios a cuánto tienen que contratar, obligarles a bucear en una burocracia bienpensante e intervencionista, a pagar costes sociales que penalizan los puestos de trabajo… es imposible que encuentre empleo un porcentaje muy amplio de ciudadanos. Otra gran cantidad de ciudadanos y jóvenes se quedan en casa cobrando las paguitas peronistas de tal manera que no hay incentivo alguno al trabajo: me dice una vecina que en su parroquia las fincas están sin labrar, y las que tienen cultivo -patatas, cebollas, guisantes, pimientos…-, los roban. ¿Quiénes? Os chavales de por alí, que non traballan, véndellos a calquera para os visios. Y bienpensante porque la burocracia cree que cortando allí, poniendo aquí, subiendo esto y bajando lo otro es como hay que gestionar la vida económica de una sociedad del siglo XXI. A estas alturas.
El segundo nivel de la vivienda se encuentra en el suelo. El urbanismo español podemos definirlo como una planificación detallada del suelo a la altura del Politburó: qué debe urbanizarse, cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo. Una planificación exhaustiva que permite la intervención avasalladora del poder público que provoca la limitación del derecho de propiedad de la vivienda y el suelo en base a su función social. Estoy seguro que este espíritu intervencionista tiene origen en alguna ley de Franco, y que por supuesto continúa con exactitud en las nuevas leyes el mismo espíritu que la generó. Intervención que provoca que en España se tarden de siete a diez años en fabricar suelo, porque sobre el suelo cae fuego de artillería en forma de normas, artículos y calificaciones, no se les vaya a escapar a la Política tan preciado bien con el que pueden meter el cazo en tan fructífera sopa: hay Leyes del Suelo para parar un tren. De 17 para arriba. En cada sitio su BOE, sus limitaciones, sus normas y su lengüita. Un paraíso.
El segundo país en superficie de la UE no tiene suficiente suelo para construir. La Sociedad de Tasación en un informe detallaba que el proceso necesario para convertir un suelo urbanizable en finalista y así poder empezar a construir una nueva promoción se dilata en el tiempo. ¿Cuánto? El desarrollo de Madrid Nuevo Norte ha tardado 25 años en salir adelante. De resultas de lo cual el metro cuadrado de suelo libre para edificar está tan caro como el oro del Marañón. La intervención pública encarece el precio del suelo y de la vivienda de forma artificial ya que restringe la oferta. En las principales ciudades españolas el suelo no urbanizable ronda porcentajes superiores al 60%, mientras que el suelo urbanizable e intervenido es inferior al 10%. Todo lo que se construya sobre dichos terrenos serán precios de viviendas para la ciudadanía de ingresos medios-altos por sus altos costes políticos de origen.
La Comisión Nacional de la Competencia acaba de proponer en un informe la liberalización del suelo al 100%, y analiza en detalle los efectos y consecuencias que van a desembocar en la actividad económica en general. Las innovaciones técnicas que existen hoy en día en cuanto a la generación de energía y eliminación de residuos provocarían además un desarrollo extraordinario en estos sectores tan necesarios para la economía y la vida de este siglo. Pero este concepto de liberalización del suelo surte el mismo efecto en la Política que el enseñarle a Drácula una ristra de ajos morados de Las Pedroñeras. Porque el Gasto Público Municipal ha alcanzado tal trayectoria en tracas y bombas de palenque que si del urbanismo no obtienen todas las sacamantecas actuales tendrían que cerrar locales alquilados, chiringuitos y subvenciones varias a sus claques con lo que los palos del sombrajo se les vendrían encima. Si la intervención política se reduce, siendo conservadores, a la mitad, el coste de tasas, impuestos y precios públicos que pagamos por la vivienda se reduciría a la mitad. Que es a donde hay que llegar.
Para que haya vivienda asequible tiene que haber empleo, suelo y viviendas a la venta. Se tienen que construir viviendas. El CEO de la primera inmobiliaria española ha manifestado ante esta nueva Ley que no invertirá más en España, rechaza invertir en inmuebles residenciales en España con la actual regulación, improvisada y cambiante que genera unas condiciones de gestión de negocio muy difíciles. Y dice cosas mucho más asombrosas: lo que toca es salir del mercado de la vivienda y dedicarte a otros activos en los que sigan estando vigentes los principios del Código Civil.
Leyes que salen como los churros de verbena, a la lima y al limón, sin consultar con quien sabe, sin saber consultar con nadie… generando unos problemas de órdago en las familias -el ahorro se concentra en propiedades y en el alquiler estamos vendidos-, y en los jóvenes con su primera vivienda o en su independencia familiar. Sobre la banalidad con que trata el derecho de propiedad no cabe otra cosa que cerrar la boca de vergüenza: España tendrá que soportarlo como si fuese un país de tercera fila.
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias FAI asegura que con la entrada en vigor de esta ley constatan la retirada de viviendas del mercado del alquiler hacia otras modalidades, fugas detectadas por agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios y especialmente en grandes ciudades. FAI avisó en un comunicado que la primera Ley de Vivienda de la democracia es un experimento político que ha ignorado todas las advertencias de los expertos. Los propietarios quedan incentivados a retirar los inmuebles del mercado del alquiler para destinarlos directamente al alquiler vacacional.
Pero hay suelo público. Dizque. Es urgente constatar que en España los mayores propietarios de suelo no son los terratenientes, los empresarios o los fondos-buitre, aunque sumásemos todas sus hectáreas. Es el Estado el mayor propietario de suelo. En cada ciudad podemos sumar toda la superficie urbana y periurbana que acumulan las distintas administraciones, la local, la provincial, la autonómica y la nacional. ¡Cuatro administraciones! Desconozco en donde se pueden obtener estos preciosos datos de la titularidad pública de suelo de las administraciones públicas en una población: nos llevaríamos las manos a la cabeza porque no nos llegarían los ceros.
¿Y cuánta vivienda pública tenemos construida? Si tenemos suelo y somos nosotros los que creamos el suelo para construir… bien fácil ha de ser: ¡tiramos del Presupuesto, del Déficit y de la Deuda y construímos vivienda pública! En la realidad si mandamos un dron que sobrevuele la ciudad y cada vez que detecte viviendas públicas de los últimos 10 años nos envíe un chío… podemos esperar sentados.
Más bien, y en una decisión técnica, económica, es decir, a favor de la nación y sus ciudadanos, lo que habría que hacer es coger todo el suelo público subutilizado, abandonado, tirado…, ¡y se lo vendemos a los fondos-buitre! Ya veríamos como en lo que era un erial, almacenes abandonados, terrenos vallados sin actividad… salen viviendas en un par de años. No caerá esa breva.
Desde el año 2012 en adelante el total de vivienda protegida construida en toda España ronda las 10.000 viviendas anuales. En 2018 en toda España el número de viviendas protegidas construídas fueron 11.860.
En todo caso sobre el tema de la vivienda bascula una cuestión crucial: si las familias nos hemos esforzado a lo largo de 15, 20 o más años en ahorrar para pagar nuestra vivienda, ¿por qué nos vemos obligados a detraer cantidades de nuestros ahorros para pagarle la vivienda a otros? La Política responde: por la cuestión sosiá. Que tan rentable les resulta: de paso que sueltan dádivas en forma de paro, ayudas, rentas mínimas… -además de okupas- construyen su propia clientela fiel, detraen recursos de la riqueza de las familias para toda su ingeniería barata.
¿Vivienda? Tendrán que sacrificarse como lo hemos hecho todos porque yo no quiero pagarle la vivienda a nadie, como no quiero que me la paguen a mi o a mis hijos. A trabajar, esforzarse y ahorrar, como todos. ¿Qué coño tiene el Estado -es decir, nuestros bolsillos- que darle gratuitamente la vivienda a alguien? Semejante incentivo a vivir de la sopa boba es inadmisible. Lo que tiene que hacer la administración pública es liberar costes en toda la cadena, desde la producción de suelo a la vivienda final. Queremos viviendas para todos, para los ricos, los menos ricos, la clase media y los que empiezan. Y vivienda pública en sus justos términos. Porque antes hay que poner el empleo como objetivo de la nación: mucho empleo, poco paro, fuera subsidios para el que no trabaje.
Otra cosa distinta es que el Estado estudie las rentas familiares y detecte aquellas que no tienen elevados recursos por las diversas causas que fuesen, esencialmente porque los padres se encuentren enfermos o impedidos. Los ciudadanos tenemos la obligación de disponer de viviendas a precio asequible para estas familias. Y si no pueden comprar tienen que poder disponer de alquileres asequibles. No gratuitamente. Y establecer planes de seguimiento para que las familias puedan recomponer su vida, en especial niños y jóvenes.