Condenan a 51 años a cinco narcotraficantes que querían fijar una vía de envío de cocaína por puertos pontevedreses
Por Natalia Puga
51 años de prisión. Es la condena global que se han llevado cinco individuos como autores de delitos contra la salud pública a los que juzgó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra tras ser localizado en el puerto de Vigo un contenedor con 20 toneladas de plátanos que llevaba ocultos 55,8 kilos de cocaína de gran pureza procedente de la localidad colombiana de Santa Marta (Colombia).
El tribunal de la Audiencia considera probado que cuatro de los cinco acusados (todos excepto José German Delgado Galvis), en unión de otros a quienes no se ha podido identificar y localizar, se relacionaban entre sí con la finalidad de cometer delitos contra la salud pública y, en particular, constituir una vía estable de introducción de cocaína en territorio español procedente de Colombia.
Cada uno de ellos desempeñaba funciones específicas y concretas dentro de una organización con estructura jerárquica en la que, según el fallo judicial, Alfredo Martí González era el cabecilla y dirigía las actividades del resto y diseñaba los planes para la introducción de la droga en España. Así, entabló contactos con individuos colombianos como sumunistradores de la droga que debería entrar en España a través de alguno de los puertos comerciales de la provincia de Pontevedra.
Sus planes eran utilizar contenedores de mercancías y simular operaciones lícitas de comercio internacional de importación en los que camuflar y esconder la cocaína. En esta parte del entramado entraría José Ramón del Río Dacosta, que aportaba la infraestructura empresarial necesaria para hacer posible la operación de comercio internacional de importación de mercancía a través de su empresa Vite Desarrollo S.L.
Los hechos que considera probados el tribunal atribuyen a los acusados los mismos papeles que ya les había dado el fiscal Antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte. Según esta distribución de tareas, José Manuel Currás García se encargaba de realizar las gestiones oportunas para conseguir sacar la cocaína del puerto de llegada a España aprovechando los contactos que tenía en Vigo y Marín. Además, colaboraba con los dos procesados anteriores en sus tareas.
El cuarto procesado con una tarea fija en el entramado era Guillermo Torres Rodríguez, de nacionalidad colombiana y residente ilegal en España. ÿl era uno de los representantes de la rama colombiana de la organización y su función consistía en ultimar los detalles con la rama gallega de la red en el momento en que la droga llegaba a España, así como en mantener informados en todo momento a los colombianos exportadores de la cocaína. Para ello, se desplazaba a España y eventualmente a Galicia.
El quinto procesado, José Germán Delgado Galvis, tuvo una participación en la actividad de tráfico de droga que se frustró con la localización del contenedor de plátanos en Vigo, pero no en la organización previa. Se considera que fue enviado desde Madrid a Galicia por la rama colombiana para entregar a los receptores de la cocaína la documentación administrativa indispensable para la retirada de la mercancía del puerto.
Sin embargo, esa droga nunca llegó a salir porque fue intervenida por la aduana. En un primer momento, pasó el registro en el puerto de Vigo oculta entre la fruta, pero luego se localizó porque se detectó la falta de cierta documentación. El problema aduanero se produjo porque se envió en el contenedor legal plátano común en lugar de banano macho para freir, una mercancía que no necesita ni licencia de importador ni cupo para ser comercializado en España.
El plátano común también se produce en España, por lo que tiene un cupo por parte de la Unión Europea y la organización de narcotraficantes carecía de él. Intentaron solventar el contratiempo y la mercancía incluso pasó otro control judicial, pero finalmente el contenedor volvió a ser revisado por las autoridades sanitarias antes de salir del puerto y en ese control se detectó que la fruta restaba muy deteriorada y no era apta para el consumo, de modo que se bloqueó y ordenó su destrucción. Entre tanto, una investigación judicial ordenó un nuevo registro y se detectó la droga.
La sentencia, dada a conocer este lunes, impone a Alfredo Martí González la pena mayor, a 14 años de cárcel. Le imponen 13 años como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño para la salud, en cantidad de notoria importancia, extrema gravedad y pretenencia a organización criminal, un grupo del que sería el jefe o encargado. Por este delito también deberá pagar una multa de 10,1 millones de euros y, además, le condenan a un año de prisión por tenencia ilícita de armas.
Los procesados José Ramón del Río Dacosta, José Manuel Currás García y Guillermo Torres Rodríguez han sido condenados a diez años de prisión para cada uno por el mismo delito contra la salud pública que su jefe, pero teniendo en cuenta que pertenecían a una organización criminal, pero no la lideraban. La multa que le han impuesto sí es la misma, de 10,1 millones de euros. El quinto condenado, José Germán Delgado Galvis, deberá cumplir siete años de prisión y pagar una multa inferior, de 5 millones, al considerársele autor de un delito contra la salud pública, pero no que pertenezca a ninguna organización.
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