Los abogados pontevedreses saldrán a la calle contra Gallardón y en defensa del turno de oficio
Por Mónica Patxot & Oskar Viéitez
Galicia ha invertido 10 millones de euros en Justicia Gratuita, un 3,2% más que en el ejercicio anterior según los datos facilitados en rueda de prensa por el decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes, que destacó este crecimiento en 2013 tras dos años de fuertes caídas (-12,9% en 2011 y -15,6% en 2012). "El pequeño incremento de este 2013 es debido a la crisis que incrementó el número de personas que piden el reconocimiento del beneficio de la justicia gratuita y por lo tanto creció el gasto", explicó el decano de los letrados pontevedreses. El pasado año hubo 11.906 solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
En Pontevedra son 490 abogados, la mitad de los letrados ejercientes, los que están apuntados al turno de oficio "ha habido un incremento de un 9% con respecto al año anterior", destacando Ramón Jáudenes que "año tras año los niveles de satisfacción del ciudadano respecto a este servicio son excelentes".
Los abogados pontevedreses alertaron de los efectos negativos que a su juicio tendrá la Ley de Justicia Gratuita, que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, pretende aprobar en el Congreso de los Diputados antes del verano.
Esta nueva ley "supone una involución y un atraso para los derechos de los ciudadanos y para los propios abogados"
"El turno de oficio supone uno de los pies del banco que conforma este colegio profesional", valoró Jáudenes subrayando que el acceso a la Justicia es un derecho fundamental de toda persona y una garantía de que nadie, por razones económicas o de otra índole, pueda quedar sin defensa jurídica. Por eso entiende que "es preciso que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita garantice la viabilidad económica del servicio con la previsión de que sólo acceda al mismo quien carezca de recursos económicos".
Esta nueva ley "supone una involución y un atraso para los derechos de los ciudadanos y para los propios abogados", afirmó el decano pontevedrés, que criticó que el legislador no esté teniendo en cuenta la opinión de los profesionales implicados en este servicio "por lo que se cometen torpezas a la hora de elaborar la ley", entre otras citó que la nueva ley no vincula la prestación del servicio de los abogados al territorio donde tienen su despacho principal.
Desde el Colegio de Abogados de Pontevedra también se criticó que el proyecto de Ley no incluya la gratuidad de las prestaciones, como la asistencia letrada previa al proceso judicial en todo caso, la asistencia a los presos condenados, la designación de profesionales para la acusación particular, la exención de cauciones, depósitos y consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador judicial o concursal, intérprete o traductor, a pesar de que la intervención de dichos profesionales puede ser precisa durante la tramitación del proceso.
Además los abogados censuran que se incremente la carga burocrática a los colegios profesionales con el objetivo de que se conceda el mínimo número de reconocimientos de Justicia Gratuita, o que se pongan trabas a los recursos o que no contemple una retribución digna.
Por estas razones el Colegio de Abogados de Pontevedresa se sumará el próximo 24 de julio en Madrid a la movilización convocada por el Consejo General de la Abogacía, contra las leyes puestas en marcha por el ejecutivo de Gallardón, especialmente la Ley de Justicia Gratuita, pero también la Ley de Tasas Judiciales, pasando por la del Poder Judicial, o la ley de Planta.
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