El fiscal critica el "oscurantismo kafkiano" de los testigos de un juicio por blanqueo
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado contra los arousanos Carlos Daniel P.G., su novia Sonia G.G., y su madre María Jesús, G.F. por un delito continuado de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas por el que el fiscal pide que seasn condenados a cinco años y medio de prisión el varón y a cinco años cada uno de las mujeres.
El juicio se retomó este lunes tras una primera sesión en la que los tres procesados negaron su responsabilidad en los hechos juzgados. En esta última sesión pasaron ante el tribunal peritos y testigos cuyas declaraciones fueron cuestionadas por el fiscal del caso, Pablo Varela.
El representante del ministerio público criticó que los testigos que pasaron por la sala hicieron gala de un "oscurantismo que raya en lo kafkiano". A lo largo del interrogatorio, se mostró inquisitivo con los testigos, en especial, con uno de los socios de la empresa de compra venta y reparación de vehículos con la que presuntamente trabaja Carlos P.G. como intermediario desde el año 2009. El hombre alegó que pagaba una comisión al acusado por cada venta en la que participaba, pero que no aparecía reflejada en los libros legales de contabilidad, sino solo en sus documentos particulares y llegó a reconocer que "sé que es una anotación en B", pero el fiscal no da credibilidad a sus afirmaciones.
Por la sala también pasó la ex mujer de Carlos P.G., con quien estuvo casado entre los años 1992 y 1998-1999, quien aseguró que en el tiempo que duró su relación él tuvo numerosos trabajos en dos bares de Pontevedra, en una empresa de congelados, en un bar de Vilgarcía o vendiendo productos de limpieza y que en el año 1996 abrieron entre los dos una tienda de música que les daba beneficios. La cerraron a raíz de su separación y asegura que de la liquidación sacaron entrre 6 y 7 millones de pesetas cada uno, dinero que ella destinó a dar la entrada para un piso y un coche.
Con estas declaraciones y las de los amigos del acusado la defensa pretende acreditar que compró bienes muebles e inmuebles e hizo distintas inversiones con dinero de origen lícito y, al mismo tiempo, desmontar las tesis del fiscal de que él, que fue condenado en dos ocasiones por delitos de tráfico de drogas, era quien conseguía el dinero y las dos procesadas, con pleno conocimiento del origen de los fondos con los que realizaban negocios con la finalidad de ocultar su origen ilícito, consintieron en aparentar ser titulares de diferentes bienes cuyo auténtico titular era el acusado.
La abogada defensora también ha intentado desacreditar a la perito de la Agencia Tributaria que hizo un informe sobre las cuentas bancarias y movimientos económicos de los acusados requiriéndole interpretaciones sobre el significado de diferentes ingresos y gastos, a lo que la especialista respondió que "yo traslado los datos que me da el banco al informe" y "no puedo hacer una valoración, no es mi labor".
Parte de la estrategia de defensa se centró también en demostrar que los pisos que adquirió la madre del acusado en Vilagarcía fueron pagados con dinero lícito como los ingresos de una herencia que le dieron de Portugal. De hecho, un vendedore aseguró que parte del dinero se lo pagó en escudos portugueses y otra responsable de una inmobiliaria indicó que en las gestiones no intervino el procesado en ningún momento.
La Fiscalía pide para el acusado cinco años y seis meses de prisión y multa de 1.200.000 euros, para su compañera sentimental cinco años de prisión y multa de 400.000 euros, y para la madre, cinco años de prisión y multa de 800.000 euros.