El gobierno local de Sanxenxo sugiere al PP que "se deixe de revanchismos e mezquindades"
Por Redacción
Más de un centenar de viviendas en el término municipal de Sanxenxo cuentan con expedientes sancionadores, y en muchos casos con orden de demolición, de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), cuyas sanciones asumen sus propietarios a la vez que tratan de legalizar los inmuebles.
No solo las afectadas por Costas, sino también aquellas que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dejó fuera de los núcleos, sin atender las miles de alegaciones presentadas en su momento para corregir esa situación, mantienen en vilo a centenares de familias de Sanxenxo.
Desde el gobierno local de Sanxenxo recuerdan que ese PXOM fue aprobado por Telmo Martín en el año 2003 y que no reflejó la realidad urbanística de cientos de vecinos. Un PXOM para el que "el Partido Popular anunció a bombo y platillo una revisión general que nunca llegó a hacer y que mantiene en la alegalidad a las familias de Sanxenxo".
El gobierno local asegura tener "muy claro" que no derribará vivienda alguna sin una orden judicial previa que le obligue a ello e instará a todos los propietarios a "agotar las opciones de legalización".
En un comunicado el grupo de gobierno de Sanxenxo señala que el edil de Urbanismo, Daniel Fernández, no tiene ninguna vivienda en esta situación, "aunque sí familiares directos". El inmueble situado en Adina a la que el Partido Popular hace referencia fue construída antes de la entrada en vigor del PXOM, en 1994, y paralizada con las normas subsidiarias en 1996, momento en el que comenzó un proceso de legalización que vivió diferentes fases y que ha llevado a sus propietarios, igual que el resto de los que padecen situaciones similares, a soportar las multas coercitivas impuestas por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU).
"Póñanse a facer oposición e deixense de revanchismos e de mezquindades". Gonzalo Pita
De esta realidad, señalan que es "perfectamente conocedor" el Partido Popular, que ha iniciado la tramitación de una modificación puntual que redelimita varios núcleos, entre ellos aquel en el que se encuentra esta vivienda. "Algunha cuestión legal os levaría a iniciar un proceso para a legalización dos inmobles afectados por esta situación pero sorprende moito que agora pretendan a demolición antes de que remate o proceso", explica Gonzalo Pita, alcalde de Sanxenxo, que se pregunta también si el PP presentará alguna alegación contra la modificación que ellos mismos promovieron.
"Esta esquizofrenia urbanística na que o PP meteu ao concello só demostra a súa falta de criterio, que derivou en múltiples sentencias negativas", añade el regidor.
Para el grupo de gobierno resulta al menos curiosa la reacción del PP tras el derribo de los chalés de Dorrón, un expediente en el que un juez "encontrou unha presunta sintonía entre os promotores dos chalés e excargos políticos do Partido Popular neste concello, que provocaron unhas indemnizacións moi gravosas para as arcas municipais".
Gonzalo Pita asegura percibir en las filas populares cierto malestar porque el Gobierno local haya cumplido una orden de derribo atendiendo al apremio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo "mentras eles parecen empeñados en que se conservaran os chalés despois das cuantiosas cantidades que lle hubo que abonar á promotora, por unha licencia mal dada. O expediente de Dorrón é un estigma que os vai perseguir toda a vida pola imaxe negativa que dou do Concello de Sanxenxo e pola investigación xudicial que provocou".
Por último, Gonzalo Pita se permite dar un consejo al Partido Popular: "póñanse a facer oposición e deixense de revanchismos e de mezquindades".