Condenada el mismo día en dos juicios por vender droga a las puertas de un centro de desintoxicación
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
Sandra María M.M. ha sido condenada este martes por dos secciones distintas de la Audiencia de Pontevedra por sendos delitos de tráfico de drogas.
Esta vilagarciana aceptó la pena de tres años y un día de prisión que le impuso la Sección Cuarta por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud agravado por tener lugar en las inmediaciones de un centro de deshabituación. Además se le impone una multa de 1.100 euros.
La mujer había sido sorprendida por agentes de la Policía Nacional el 9 de marzo de 2015 en las inmediaciones del SPAD (servicio de prevención y asistencia a las personas que padecen problemas de drogadicción) de Vilagarcía. En ese momento llevaba escondidas entre la ropa 22 bolsas de plástico que contenían otras tantas dosis de heroína para su venta, con un peso superior a los cuatro gramos y un índice de pureza de apenas el 33%. Era la segunda ocasión en la que la Policía la detenía por este motivo y en el mismo sitio y llevaba una libreta donde aparecían anotaciones de lugares de entregas y nombres de clientes.
Unos minutos después de este juicio, Sandra María acudió a la Sección Segunda e igualmente se conformó con la petición de pena que hizo el Ministerio Fiscal, otra vez, tres años y un día de prisión. La multa es más elevada, de 1.300 euros, porque la cantidad de droga que portaba cuando fue detenida también era mayor: 47 bolsitas de heroína, algo menos de diez gramos, destinadas a su venta al menudeo. La mujer también se declaró culpable de estos hechos.
En uno y otro juicio los abogados de Sandra María señalaron que su cliente carece de antecedentes penales, y que trapicheaba con droga para costear su propia adicción de la que se está desenganchando siguiendo un tratamiento en un centro de desintoxicación, avalado por informes médicos y psicológicos. Por este motivo los letrados interesaron la suspensión de la pena.
Los fiscales de uno y otro juicio, Juan Carlos Aladro y María Rey coincidieron al señalar que en este momento no tienen elementos suficientes para decidir sobre la suspensión de la condena. La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de siete años y medio de prisión por cada uno de los delitos, difiriendo en la pena 2.000 euros en el primer juicio y 4.000 euros de multa en el segundo, unas peticiones que fueron rebajadas después de cerrarse sendos acuerdos de conformidad.