La Xunta mediará entre las bodegas morosas y los viticultores
Por Oskar Viéitez
A pesar de que la comisión de seguimento de los contratos homologados de la denominación de origen Rías Baixas se disolvió el 3 de septiembre de 2012, la Consellaría de Medio Rural instó a que se convocara nuevamente.
La convocatoria se produce tras las denuncias hechas por el Sindicato Labrego Galego (SLG) sobre los impagos que varias bodegas mantienen de la vendima de 2011, que será la cuestión que centre esta nueva reunión de la comisión fijada para este jueves, 4 de abril, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Consellaría de Medio Rural en Pontevedra.
Recordemos que el SLG no sólo denunció publicamente la morosidad de bodegas como Gran Bazán, Núñez Andión, Lagar da Condesa o Sucesores de Benito Santos; sino que reclamó por escrito, el pasado 23 de enero, la intervención de la Consellaría de Medio Rural para mediar y solucionar este problema.
Desde el Sindicato recuerdan que "aunque las culpables de estos impagos son las bodegas, la Xunta debe responsabilizarse y mediar entre ellas y los viticultores".
"Para empezar, muchas de las personas afectadas por los impagos firmaron un contrato homologado en 2011 para vender la uva, por lo que su cumplimiento debería estar garantizado por la Administración a través de la comisión de seguimento que ha convocado tras la campaña de denuncia emprendida por el SLG en enero de 2013", señalan.
Los propios viticultores son los responsables de los préstamos destinados a pagar la misma uva que ellos mismos venden
Además, los viticultores afectados señalan que la Ley contra la Morosidad obliga a pagar los productos perecederos en el plazo máximo de un mes.
En este sentido, según denuncian "la costumbre de las bodegas de pagar la vendima un año y pico después de su compra es flagrantemente ilegal, y las ayudas del Igape destinadas a adelantar el dinero a las explotaciones vitícolas Medio Rural" insta la convocatoria de la comisión de seguimento de la D.O. Rías Baixas para tratar los impagos de las bodegas tras las denuncias del SLG "estarían avalando una práctica delictiva".
Antes, las bodegas pedían un préstamo para poder pagar la uva que compraban sin tener que esperar a vender el vino; sin embargo, hoy se produce una situación "inaceptable" en la que los propios viticultores son los responsables de los préstamos destinados a pagar la misma uva que ellos mismos venden, de manera que "no sólo no cobran por el producto de su trabajo, sino que costean y fían la financiación de las bodegas que se lucran transformando sus acios en vino".
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