Una red juzgada por tráfico de heroína niega toda relación con la droga y se escuda tras la compraventa de coches
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El vecino de Mos Castor Manuel G.G., a quien el fiscal antidroga de Pontevedra considera el máximo responsable en la provincia de una organización que se dedicaba a la introducción de droga en Galicia procedente del este Europa, se defendió este martes de esa acusación alegando que nunca se dedicó al tráfico de drogas por el que tiene antecedentes y que amansó importantes ingresos procedentes de un desguace y una actividad de compraventa de coches.
Su testimonio centró parte de la primera sesión del juicio que se inició en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra contra seis supuestos integrantes de esta organización criminal, tres de ellos como presuntos integrantes la organización albanesa que suministraba la droga y los otros tres como supuestos responsables de distribuir la droga en la provincia. El séptimo acusado en esta causa no se sentó en el banquillo porque está en rebeldía.
"Me dedico a la compraventa de coches de toda la vida", explicó Castor Manuel, que ahondó en que era ya el negocio de su padre y él se dedica a él desde el año 1982. No fue el único que se escudó en un negocio de compra y venta de coches para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía. Durante la primera sesión declararon cuatro de los seis acusados y apelar a esa fuente de ingresos fue la tónica dominante. También coincidieron todos en reconocer que sí se conocían, pero negar que formasen parte de una organización criminal.
Castor Manuel también se refirió a sus antecedentes, pues declaró que en el año 2012 fue condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito de tráfico de drogas cometido en el año 2002, pero que eso no significa que sea culpable, sino que él mismo aceptó por recomendación de su abogado porque evitaba el ingreso en prisión.
Sobre su relación con el resto de acusados la circunscribió a las actividades de compraventa de coches, excepto en el caso de María del Carmen C.D., su esposa y mano derecha. Ella justificó su ingresos con su trabajo de funcionaria en la Xunta de Galicia, por los ingresos de los bajos que alquilaba y por las herencias y aportaciones económicas que les hacen sus padres, de modo que se pudo comprar un Mercedes Clase A tras vender un Citroën C3 y porque tenía 50.000 euros en el banco, su marido podía tener un Jaguar y ella pudo hacerse una casa valorada en 340.000 euros.
Durante los seguimientos realizados por la Policía Nacional a los acusados detectó viajes tanto de ella como de su marido a Barcelona y encuentros con el resto de acusados. A todos ellos les dio explicación y justificó que, en su caso, fue a la ciudad condal con su marido para montar un negocio de porcelanas.
La investigación tuvo su colofón en un Porsche Cayenne cargado con 54 kilos de heroína valorada en 2,5 millones de euros y decomisado en el año 2016. Ese vehículo lo conducía Rinush G., de nacionalidad albanesa y el único de los cuatro acusados que declararon este martes que reconoció parte de los hechos que le atribuyen.
Durante su declaración, realizada con la asistencia de un traductor, explicó que tenía esposa e hijos en Albania y se mudó a España porque "estaba buscando un negocio". En el año 2016 realizó el transporte de la droga decomisada en esta operación como un encargo porque "tenía problemas económicos" y lo que le pagarían le permitiría hacer frente a las deudas. Negó cualquier responsabilidad en la distribución posterior de la droga, pues su tarea era solo el transporte.
El cuarto acusado que ya declaró fue el otro albanés Sokol R., que aseguró que tenía una empresa de construcción en Albania y, aunque vivía en España, sus ingresos procedían de ahí y de alguna operación de compraventa de coches que hacía por hobbie. Además, su suegro es un gran empresario en su país y su mujer recibía rentas por esa rama familiar, lo que les permitía tener una situación económica desahogada.
"Nunca he traficado", insistió este acusado, que en su día pagó un millón de euros de fianza para poder eludir la prisión preventiva por esta causa. Negó, tal y como hicieron también los otros procesados, que adoptasen medidas de seguridad extra para evitar ser descubiertos en sus actividades, pues "no tenía nada que esconder" e insistió en que "la verdad, no sé por qué estoy aquí".
Rinush G. se enfrenta a la pena más elevada, 18 años de prisión por narcotráfico y falsedad. Para Castor Manuel el fiscal pide 17 años y para su mujer, 15 años para su mujer. También reclama una condena de 11 años para el albanés Sokol R. y los gallegos José R. R. y Marcos Antonio G. B., considerados "el último eslabón" del grupo y que todavía no han declarado.
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