Un guardia civil niega que abusase de su cargo para mantener relaciones sexuales con una víctima de violencia de género
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
José Ramón Q.B., que entre los años 2016 y 2017 ejercía de comandante del puesto de la Guardia Civil de Pontevedra, proclamó este martes su inocencia de los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función por los que se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial y se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión y siete años de inhabilitación. El fiscal le acusa de aprovecharse de su cargo para mantener relaciones sexuales con una víctima de violencia de género, pero él asegura que esas relaciones nunca existieron.
Los hechos llegaron a la Audiencia a raíz de una denuncia presentada de oficio por parte de la propia Comandancia de la Guardia Civil. Un guardia civil comentó a su superior que tenía conocimiento de que el ahora acusado subía a su casa a víctimas de violencia de género, de modo que se abrió una investigación, en concreto, una información reservada. Fruto de esas indagaciones, el caso llegó a la Fiscalía, que es ahora quien acusa, si bien tan sólo por una de esas víctimas y no por varias, como empezó el caso.
Durante su declaración ante la Sección Cuarta de la Audiencia, el acusado reconoció que, como comandante del puesto, tenía responsabilidad en la coordinación de todas las gestiones relacionadas con las víctimas de violencia de género, pero no trataba con ellas de forma directa a no ser que se produjese algún hecho en algún momento en el que no había más personal en el puesto. Eso ocurrió con la víctima por la que finalmente ha acabado en el banquillo.
Según su versión de los hechos, en mayo de 2016 la conoció porque ella había recibido una cuchillada de su ex pareja y estaba en el Hospital Montecelo, tocándole a él y a otros dos compañeros de paisano su custodia durante la hospitalización, una tarea que él mismo se autoimpuso porque "no puedo dejar a una víctima sola". Una vez que le dieron el alta, "por seguridad" le ofreció alojarse en un hotel, pero ella lo rechazó y se fue a casa de una amiga.
A partir de ese momento, el acusado asegura que se desentendió de las diligencias por esos hechos, pero reconoce que la localizó un día para comentarle que su agresor había sido detenido y que volvieron a hablar otro porque ella llamó a emergencias indicando que su ex pareja quebrantó la orden de alejamiento y ella se sentía amenazada y tenía miedo. Él cogió un coche camuflado, fue a recogerla a dónde ella estaba y se ofreció a llevarla a un hotel, pero, según la versión de él, la mujer le dijo que tenía hambre, de modo que, al ser las dos de la madrugada y no haber nada abierto, acabó llevándola a su domicilio en el cuartel para hacerle un bocadillo.
El acusado sostiene que la mujer solo estuvo en su casa diez minutos para que le hiciese el bocadillo y le diese un kas de limón, pero esa versión se contradice con la de ella. La mujer declaró también en el juicio este martes y aseguró que en el primer encuentro en el hospital el acusado no le propuso nada y que le volvió a ver otro día porque ella denunció un quebrantamiento de la orden de alejamiento que la protegía de su pareja. Las discrepancias en las versiones de ambos llegan en relación con su último encuentro.
Según la chica, él la llamó insistintemente por teléfono y quedaron a las cuatro de la tarde para tomar un café. Él la llevó a su casa y, según relató la mujer ante el tribunal, esa misma noche "no paró de llamar" hasta que accedió a quedar con él. Eran las dos de la madrugada cuando la llevó a su piso en el cuartel, donde mantuvieron relaciones sexuales.
La mujer explica que fueron relaciones consentidas, pero que ella accedió a mantenerlas "porque creí que me iba a ayudar" con el alquiler. Ella ejercía la prostitución y entendió que recibiría un pago por esa relación, pues él le habló de que le ayudaría por el alquiler. Sin embargo, al terminar el encuentro, le preguntó si no le iba a dar un regalito, pero él "cogió unos céntimos y me dijo que no era lo que esperaba, que no valía para nada".
Durante el juicio, declaró un guardia civil que realizó esa información reservada sobre las actividades del ahora acusado y explicó que un compañero le contó que varias víctimas de violencia de género subían a su domicilio en el cuartel, dándole dos nombres de ellas. Se entrevistó con ambas y concluyó que subieron al piso, pero no qué hizo con ellas allí.
Otro guardia declaró que presenció cómo una de esas víctimas, la que figura como afectada en esta causa, subía al piso, pero no sabe cuánto tiempo estuvo ni qué hicieron allí. Este funcionario estuvo de baja porque al año siguiente a estos hechos, en 2017, el acusado supuestamente le alzó la voz y le amenazó. Otro de los agentes de la Guardia Civil que compareció, superior del ahora acusado, explicó que entre el acusado y el responsable de la información reservada había mala relación.
La fiscal del caso mantuvo sus conclusiones iniciales y otorgó credibilidad a la víctima, que fue "firme en su declaración". Además, considera "más creíble" la versión de la mujer que la del acusado, pues ve "poco creíble" que la llevase a su casa para hacerle un bocadillo.