Juzgan a Falconetti y a su esposa por blanquear dinero del narcotráfico
Por Oskar Viéitez
El histórico contrabandista Luis Falcón Pérez, más conocido como "Falconetti" y su mujer, Digna Díaz Oubiña, serán juzgados el próximo martes, 23 de octubre, en la Audiencia de Pontevedra por un presunto delito de blanqueo de dinero que el fiscal considera procedente del narcotráfico.
Veintidós años después de ser condenado a 12 años de prisión por tráfico de hachís por la Audiencia de San Sebastián y de convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más activos de las Rías Baixas, Falconetti y su esposa se enfrentan a sendas condenas de tres años de prisión y multas que suman 5,1 millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión en caso de impago así como las costas del procedimiento.
Falconetti fue el primer gran contrabandista de tabaco en dar el salto al narcotráfico.
La instrucción de este caso se ha visto demorada durante más de 13 años por lo que el fiscal antidroga, Luis Uriarte, en su petición de penas aplicará la atenuante de dilaciones indebidas.
Y es que las investigaciones de la Agencia Tributaria abarcan en peridodo comprendido entre los años 1976 hasta el año 1997, cuando Falconetti acababa de abandonar la cárcel, y concluyen ahora.
Falconetti y su esposa se enfrentan a sendas condenas de tres años de prisión y multas que suman 5,1 millones de euros
Según el escrito de acusación de la Fiscalía "Falcón se ha venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes" y para blanquear esas importantes cantidades de dinero procedentes de esta actividad, ocultando este origen ilícito, "el imputado se concertó con su esposa, desarrollando entre ambos "toda una estrategia mercantil para aparentar que los ingresos procedentes del narcotráfico eran realmente rendimientos de una actividad empresarial lícita".
En este entramado, Falcón adquirió la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad O Castriño, SA, haciendo figurar como titular a su esposa y constituyeron en 1982 otra sociedad mercantil, la Promotora San Martín de Villajuán. Empresas que generaron un agujero contable en ese periodo de tiempo fue de 2,5 millones de euros.
"Ese desequilibrio contable fue compensado por los imputados con la introducción en sus sociedades de esa misma cantidad de dinero efectivo procedente del narcotráfico, consiguiendo de esta forma la transformación de ese capital de ilícita procedencia en rendimientos legítimos de una actividad empresarial lícita", argumenta el fiscal.
Además de las penas referidas el fiscal también solicita el comiso definitivo y adjudicación al Estado de los bienes decomisados por tráfico de drogas, en este caso la cantidad supuestamente blanqueada o en su caso las propiedades por el valor equivalente.
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