Absuelven a un recluso de A Lama al que la Fiscalía acusaba de traficar dentro de la prisión
Por Oskar Viéitez
El interno el centro penitenciario de A Lama Manuel G.R. ha sido absuelto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra de un delito contra la salud pública.
A Manuel G.R. le encontraron la droga durante un cacheo realizado tras participar en un encuentro vis a vis con su familia.
Durante el juicio, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales y redujo la pena que solicitaba para el procesado por ser las sustancias que le intervinieron en el cacheo de poca gravedad. Así, pasó de pedir al tribunal que le condenase a siete años de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros a solicitar tres años y un día sin libertad y una multa de 600 euros.
Por su parte él reconoció durante el juicio que llevaba encima el paquete con la droga, pero explicó que no era suyo, sino que se lo había pasado tan sólo un instante antes otro interno con el que compartía módulo en prisión y que había participado ese día también en un vis a vis con su mujer.
En su sentencia la Sala entiende que procede la libre absolución ya que "no puede sostenerse " que la sustancia intervenida en poder del acusado "fuese de su propiedad ni que la portase el acusado con la intención de destinarla al tráfico".
Aunque el acusado no pudo acreditar fehacientemente la realidad de sus manifestaciones en relación a la verdadera titularidad de las sustancias aprehendidas "dada la imposibilidad del visionado de las grabaciones y la negativa de la persona a quien por este se le atribuye la titularidad ", el tribunal da crédito a "la contundencia de sus afirmaciones, negando la pertenencia del paquete hallado", junto a su "inexistente relación con las drogas ", extremo este que confirman los funcionarios de prisiones que manifestaron durante el juicio que nunca le vieron "colocado" y que no les constaba ni creían que "trapichease".
En suma, el tribunal, considera "insuficiente" los datos de los que dispone para condenar al acusado por un delito contra la salud pública por el que se le acusa por el Ministerio Fiscal.
En virtud de los principios de presunción de inocencia e "in dubio pro reo" el Tribunal "procede dictar sentencia absolutoria".