Un juzgado abre diligencias por coacciones tras la denuncia vecinal por los conciertos de la plaza de A Pedreira
Por Natalia Puga
El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ha decidido abrir una causa judicial para investigar la denuncia presentada en noviembre por un grupo de vecinos del entorno de la plaza de A Pedreira, en el casco histórico, por lo ocurrido el pasado mes de septiembre durante la celebración de conciertos privados del ciclo Cantos na Maré en esta plaza pública.
Tras estudiar la querella presentada por los vecinos, la jueza acordó incoar diligencias previas y empezar a realizar las primeras indagaciones en este procedimiento judicial, que se sigue por un presunto delito de coacciones. El auto judicial, al que ha tenido acceso PontevedraViva, recoge que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de coacciones".
La denuncia vecinal estaba dirigida de forma genérica al Concello de Pontevedra, sin espedificar en quién, por autorizar esos conciertos, en los que se les impidió el acceso a sus casas a los vecinos de la zona y se registraron niveles de ruido superiores a los autorizados por la ordenanza municipal correspondiente.
El juzgado, de momento, no sigue la causa contra nadie en concreto, sino que el citado auto detalla que no se han podido determinar todavía la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados "ni las personas que en ellos han intervenido".
Al respecto, el juez considera que es "procedente" instruir estas diligencias previas y "practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación", esto es, a determinar qué ocurrió exactamente y quién es el responsable.
Los vecinos hablan de forma genérica del Concello mientras que la administración local no tiene constancia las irregularidades denunciadas y, en todo caso, descarga culpas en la empresa organizadora. La compañía rechazó en su día hacer valoraciones.
La querella se presentó el 12 de noviembre y relata una serie de hechos ocurridos entre los días 13 y 15 de septiembre que los demandantes consideran que serían constitutivos de tres delitos: dos de coacciones (uno de ellos agravado) y uno contra el medio ambiente. Finalmente, el auto judicial, del 16 de diciembre, tan sólo aprecia las coacciones.