La Justicia gratuita en Pontevedra: 531 abogados atienden 12.706 asuntos en un año
Por Natalia Puga
Un total de 531 letrados del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra prestan servicios de Justicia Gratuita y durante el año 2019 atendieron 12.706 asuntos, convirtiéndose en el segundo órgano colegial gallego con más actividad en este sentido, solo superado por los 13.321 de A Coruña y por encima de los 9.338 a los que dieron salida los 652 que se suman al servicio en Vigo.
Según las cifras difundidas por el Consejo General de la Abogacía Española, los colegios de abogados de toda Galicia atendieron 56.859 asuntos, lo que supone un incremento del 12,1% con respecto a 2018 cuando los letrados del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita gestionaron 50.726. En toda España, los 83 colegios de abogados atendieron 1.996.669 asuntos, un 5,6% más que en 2018.
Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el turno de oficio es el que genera más actividad, casi 35.000 en Galicia, de los que 7.511 fueron en Pontevedra. Otros 4.501 en Pontevedra -19.613 en Galicia- corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido.
El Servicio de Violencia de Género atendió en 2019 en todo Galicia 2.743 asuntos, de los que 694 fueron en el área de influencia del Colegio de Abogados de Pontevedra, la de mayor tamaño de la provincia.
En España, las distintas Administraciones Públicas destinaron más de 285,8 millones de euros durante 2019 a la Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un incremento del 6,5% con respecto a 2018. La inversión media por ciudadano destinada a Justicia Gratuita es de 6,08 euros por año y la retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada asunto tramitado es de 143,16 euros.
En Galicia, la inversión fue de 10,8 millones, de los que 2,39 están vinculados al Colegio de Abogados de Pontevedra, de nuevo, el segundo que recibe más asignación, en proporción al número de asuntos.
Dentro de la actividad del órgano pontevedrés, el servicio de Violencia de Género suma un importe que supera los 78.505, muy por debajo de la inversión en el turno de oficio (1,6 millones) y en la asistencia letrada al letrado, servicio al que se asignaron 504.903 euros. El Turno de Oficio acaparó en 2019, por lo tanto, la mayor parte del gasto.
El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas a la abogacía, elaboró sus Recomendaciones con la finalidad de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.
Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario aprovechar el borrador de Ley Orgánica del Derecho de Defensa como instrumento para reforzar el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, ampliar las áreas de especialización para los profesionales del Turno de Oficio con el objetivo de extender este servicio a colectivos en situación de especial vulnerabilidad y modificar el importe del IPREM para evitar la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de Justicia Gratuita.
Propone, asimismo, revisar los módulos y bases de compensación y los gastos de infraestructura y garantizar el cobro del trabajo efectivamente desarrollado en casos de denegación del beneficio de Justicia Gratuita por causas imputables al justiciable.
La evaluación de la Asistencia Jurídica Gratuita entre las personas que han hecho uso de ella es altamente satisfactoria, según los datos obtenidos de la encuesta entre ciudadanos y usuarios de la Justicia Gratuita realizada por Metroscopia para el XIV Observatorio de Justicia Gratuita. El 80% de los ciudadanos considera que la dedicación del abogado que se ocupó de su caso fue 'muy buena' o 'buena', mientras que un 81% evalúa positivamente la atención y el asesoramiento recibidos del Colegio de Abogados al que correspondió su caso.
Un 2% de los españoles (700.000 ciudadanos), según los datos de este sondeo, manifiesta su intención de presentar en los próximos meses reclamaciones ante los tribunales por decisiones o por episodios relacionados con la epidemia de coronavirus. El 84% de los españoles piensa que será muy difícil que los tribunales logren recuperar los retrasos en su funcionamiento acumulados en estos meses últimos.
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