La Fiscalía pide 20 años de prisión para la cambadesa que prendió fuego a la casa de sus padres con ellos dentro
Por Oskar Viéitez
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado para el próximo jueves día 22 de abril un juicio contra una mujer por un delito de incendio y dos delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa.
Se acusa a esta mujer de incendiar intencionadamente su casa con sus padres dentro con la intención de matarlos. El Ministerio Fiscal pide veinte años de prisión. Concurre respecto de todos los delitos la circunstancia mixta agravante de parentesco y la atenuante de confesión.
El caso procede del Juzgado de Instrucción número uno de Cambados.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía relata en su escrito de acusación que el día 30 de julio de 2019, sobre las 06:30 horas, la acusada, de unos 40 años, se encontraba en la vivienda, en la cual convivía con sus padres y "con el propósito de acabar con la vida de sus progenitores y, aprovechando que a esa hora los mismos se encontraban acostados en sus dormitorios previsiblemente durmiendo (asegurando así la ej
cución del hecho sin riesgo para su persona), prendió fuego en dos puntos de la vivienda".
Concretamente, indica que plantó fuego en su dormitorio situado en la segunda planta, el cual se encontraba atestado de material con gran capacidad inflamable (papeles, libros y ropa, que se encontraban apilados por todo el perímetro de la habitación y sobre la cama) y también plantó fuego en el lateral izquierdo de la planta baja en el tramo situado después de la ventana (lugar donde se encontraba apilada leña y un colchón), provocando un incendio en el interior del domicilio.
A continuación, la procesada huyó del lugar, "dejando que el fuego se extendiera por la vivienda para que sus padres murieran a consecuencia del incendio", sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito.
Alertados por el olor a humo, los padres de la procesada se levantaron de la cama y salieron de sus habitaciones, observando la casa incendiada, por lo que salieron rápidamente al exterior para salvar su vida, tras buscar infructuosamente a su hija por distintas estancias de la casa. Los servicios de emergencias fueron alertados del incendio a las 06:53 horas por un vecino, presentándose a continuación para sofocar las llamas.
La Fiscalía indica que el incendio provocado por la procesada creó un "grave riesgo para la vida e integridad física de sus padres", ya que estuvieron expuestos a ser atrapados por las llamas y sufrir los demás efectos de la combustión, por cuanto se encontraban en el interior de la vivienda; no obstante, debido a su rápida reacción no sufrieron menoscabos físicos y nada reclaman por estos hechos.
Tuvieron, además, que ser alojados en un centro residencial ante la imposibilidad de volver a vivir en su vivienda debido al estado en que quedó, pues sufrió daños que afectaron a su estructura, por lo que hubo de ser apuntalada ante el riesgo de derrumbe, generando unos gastos al Concello por importe de 601,93 euros (suministro de tableros) y 522,72 euros (suministro de puntales), por los que reclama.
En la planta baja se encontraba el perro de la familia, que hubo de ser trasladado a la protectora de animales, la cual se hizo cargo de los gastos necesarios para su cuidado (por importe de 276 euros, que reclama) hasta que fue adoptado por otra familia.
Por último, los gastos generados en la extinción del incendio al Consorcio Provincial de Pontevedra contra incendios e salvamento ascendieron a la cantidad de 1.920 euros, reclamando igualmente.
La procesada se presentó a las 08:45 horas de ese mismo día en las dependencias de la Guardia Civil, anunciando ser la autora de estos hechos.
La acusada se encuentra en prisión provisional por esta causa desde agosto de 2019.
Además de solicitar una condena de 20 años de prisión el Ministerio Público también pide que se le imponga la pena prohibición de aproximarse a una distancia de 300 metros a sus padres, a su domicilio o cualquier otro lugar frecuentado por los mismos y la de comunicarse con ellos directa o indirectamente por cualquier medio, por tiempo superior en 8 años a la pena de prisión impuesta.