Afectados por errores y abusos judiciales se unen para "defender nuestros derechos" en Pontevedra
Por Natalia Puga
La Asociación Nacional de Afectados por Errores y Abusos Judiciales ha recalado en Pontevedra. Acaba de crearse una delegación del colectivo en la provincia con tres delegadas autorizadas en la ciudad, Mourente y Marín y más personas vinculadas en otros municipios cercanos como Bueu. Sus delegadas, Lucía Loira, Isabel Crespo y Pilar García, han empezado a moverse para ponerse en contacto con personas que se consideren víctimas de la Justicia y "defender nuestros derechos" a todos los niveles.
La asociación denuncia, entre otras circunstancias, "el impedimento que encuentran los ciudadanos pontevedreses para acceder a la asistencia jurídica gratuita" y entre las gestiones más recientes que están realizado es la búsqueda de un local en la ciudad en el que establecer su sede, pues "hasta ahora estamos poniendo la de Zaragoza del presidente".
Como ejemplo ponen a Isabel Crespo, una pontevedresa que en el año 2008 saltó a la palestra por encadenarse al balcón de su piso de la calle Rosalía de Castro cuando acudieron a desahuciarla. Esta semana acudió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra para pedir una cita. Quiere denunciar la "indefensión" que sufrió cuando los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia "no hicieron nada para evitar" que perdiese su casa y, para ello, solicitará que intervenga el fiscal.
Denuncian "el impedimento que encuentran los ciudadanos pontevedreses para acceder a la asistencia jurídica gratuita"
Además, cinco años después de aquel 'famoso' desalojo sigue con gestiones ante el Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra y la Comisión de Justicia Gratuita de la Xunta de Galicia porque se le negó el derecho a adjudicársele un abogado del turno de oficio y considera que el que llevó su caso al principio de todo el proceso, que actuaba en nombre de su ex marido, no defendió realmente sus derechos.
Lucía Loira es otra de esas supuestas víctimas a las que ponen de ejemplo. Ella habla en nombre de su marido, que quedó parapléjico tras un accidente laboral hace 19 años, y se considera "indefensa" tanto porque no se le concede un abogado de oficio como porque el Servizo Galego de Saúde y otras administraciones públicas "no nos presta la atención que necesita".
La pareja vive en Mourente y denuncia que a pesar de la situación del marido no consiguen ayudas que le permitan vivir de una forma digna. Asegura que "la casa está en la ruinas, a veces hasta nos llueve" y que este mismo miércoles tuvo que solicitar que un equipo médico acudiese a su domicilio para hacer las curas de su marido y "se quedaron sorprendidos de cómo podemos vivir así". Han solicitado, por ejemplo, beneficiarse de la Ley de Dependencia y "fuimos los segundos de Pontevedra a los que nos la concedieron, pero aún siguen valorando y no nos dan nada".
A estos dos casos y al de la vecina de Marín Pilar García, las delegadas de la asociación suman "la indefensión que sufren las personas que además de no tener medios económicos no saben leer ni escribir o no saben defenderse de los abusos que desgraciadamente cometen los organismos con los ciudadanos, quedando estos en un desamparo total". Consideran que todo sería más fácil de resolver si se garantizase el derecho a la tutela judicial efectiva.