La provincia de Pontevedra registró 4.876 accidentes laborales en lo que va de año
Por Oskar Viéitez
En los seis primeros meses de 2022, según los datos del Ministerio, ya que la Xunta no facilita estas estadísticas, Galicia registró un total de 13.968 siniestros (incluidos los “in itinere”), lo que supone un incremento de un 24,6% en relación la hace un año.
De estos, 13.710 fueron leves; 213 graves; y 45 resultaron mortales, un 150% más que en los seis primeros meses de 2021. De hecho, Galicia fue la tercera Comunidad con más fallecidos, por encima estarían Andalucía y Cataluña, todas ellas con mucha más población asalariada. De hecho, Galicia está a la cabeza del Estado en índice de incidencia de siniestros laborales mortales, de 0,659 puntos, muy por arriba de los 0,277 de la media estatal.
Por provincias, A Coruña registró 6.053 siniestros; Pontevedra, 4.876; 1.553 Ourense y 1.486 Lugo.
En los seis primeros meses del año la industria manufacturera fue la que más accidentes registró, 3.043; seguida de la construcción, con 2.043; comercio y reparación de vehículos, con 1.562; y actividades administrativas y servicios auxiliares, con 1.232. Todas estas actividades por encima de los 1.000 siniestros laborales registrados.
El Ministerio también desglosa los índices de incidencia por sectores de actividad, lo que nos da una idea más próxima de la siniestralidad al relacionarla con el número total de asalariados en esta actividad. Según esto, en los seis primeros meses del año, en Galicia la construcción es el sector que registra un mayor índice de incidencia, de 432,3; seguido de la industria, 379,3; agrario, 311; y servicios, 145,2.
Desde el sindicato UGT aseguran que "es necesario articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral" con una revisión en profundidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla la nuevas realidades que no prevé como las olas de calor también señalan la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo, dotándola de más recursos materiales y humanos, con lo que podría incrementar las actuaciones de oficio en las empresas, sin esperar las denuncias de los trabajadores, las cuales, en muchas ocasiones, debido al miedo a ser despedidos, no llegan a interponerla.
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