Crece el interés por los montes deforestados para entrar en el negocio de la venta de aire limpio
Por Oskar Viéitez
Muchas empresas han puesto sus ojos en los terrenos deforestados o quemados ante la posibilidad de vender bonos de carbono para que otras industrias compensen sus emisiones de CO2. Una alternativa más barata que tener que modificar su tecnología o estructura para dejar de contaminar tanto.
Así, unas empresas se encargan de replantar el monte y posteriormente venden en subasta esos bonos de compensación de CO2 que las industrias compran para cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible o emisiones de gases cero, recibir subvenciones "verdes" o para captar clientes concienciados con el medio ambiente.
En el caso de España, el Gobierno establece un límite de emisiones y emiten varios bonos de emisión basados en ese límite. Este mercado funciona por subasta y el pasado año 2022 los derechos de emisión europeos se situaron en torno a los 80 euros/tonelada, casi el doble que en 2021. El total de operaciones alcanzó los 865.000 millones de euros, según un informe de London Stock Exchange Group.
Paralelamente existen empresas, comunidades de montes o particulares que ofrecen montes, proyectos de construcción de fuentes de energías renovables (molinos, placas solares y centrales hidroeléctricas) o de transformación de residuos en energía o biogás. En este otro mercado se puja libremente por esos bonos de emisiones de carbono. En estos casos suelen adquirirlos grandes fondos de inversión que posteriormente revenden los bonos a las empresas. En 2022, este mercado, denominado voluntario, negoció 116 millones de toneladas de carbono por un valor total de 723 millones de euros, según el informe de Xpansiv.
En España, los proyectos de absorción de CO2 deben inscribirse en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre otros requisitos, el bosque debe estar en una zona forestal incendiada o en un lugar donde no haya un bosque desde el año 1990. Además, la zona debe ocupar más de una hectárea, el proyecto debe tener una permanencia mínima de 30 años y el cálculo de las absorciones debe realizarse con la propia calculadora del Registro.
Según datos del propio ministerio, actualmente hay 420 proyectos de compensación de carbono inscritos por parte de 169 promotores, lo que suponen casi 8.000 hectáreas. De ellos, 244 están en Galicia y 93 en la provincia de Pontevedra.
Además de concellos y diferentes comunidades vecinales de montes mancomunados, entre las empresas que más proyectos están Forestación Galicia. S.A. (Foresga), la firma navarra CO2 Revolution, la Asociación Forestal de Galicia, la compañía madrileña Bank of Climate y Gestión Forestal y del Medio Agrícola (Gesforma).
La Organización Galega de Comunidades de Montes también sopesa la creación de una sociedad para entrar en este negocio que supone múltiples ventajas desde el punto de vista financeiro, sin que eso suponga crear distorsiones en la ordenación del monte.
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