El Estado recurre la sentencia que avaló la paga de productividad del Concello de Pontevedra
Por Redacción
El Concello de Pontevedra recibió este lunes el recurso de apelación presentado por el Abogado del Estado contra el pago de la paga de productividad abonada los trabajadores municipales en noviembre de 2012.
En una primera valoración, el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima explicó que "si el recurso primitivo fue político, esté es mucho más político que el anterior", teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia sí entra en el fondo del asunto al dejar claro que el Ayuntamiento pagó la paga de productividad y que dejó apartada en el presupuesto municipal la cuantía la fijada para el pago de la paga extra de Navidad.
Frente a esta afirmación, el recurso del Abogado del Estado entiende que el juzgado del Contencioso no entra en el fondo del asunto.
Será el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que resuelva este recurso donde se reclama el reintegro de las cantidades abonadas a los funcionarios municipales.
CRÍTICAS DE CC.OO.
El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), a través de un comunicado, expresa su malestar con esta decisión y apunta que "parece que el objetivo del Gobierno del Estado capitaneado por un Presidente de la ciudad de Pontevedra, es que sus convecinos/as y amigos/as empleados/as del Concello, reintegren el complemento de productividad cobrado, y para ello no contentos con la campaña mediatica efectuada en su día, pretenden poner todos los recursos de la administacción de Estado para buscar una victoria política que únicamente perjudicara a un colectivo de trabajadores/as". Y en este sentido, añaden que "si esa preocupación que muestra con nuestros salarios, lo tuvieran en perseguir a los que se 'llevan calentito' los fondos de las administracciones, tal y como se demuestra con los numerosos casos de corrupción abiertos en toda la geografía española, los recortes efectuados a los trabajadores/as públicos no serían necesarios".
El sindicato finaliza el escrito mostrando su apoyo al Gobierno local de Pontevedra "en la defensa de la legalidad del pago de productividad efectuado en el año 2012".
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