La gestión de la Cámara de Comercio, de nuevo en el juzgado con Charo Lorenzo y Gómez Rivera en el banquillo de los acusados
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra acogió este miércoles las tres primeras horas de un juicio en el que ha vuelto a ponerse en tela de juicio la gestión de la ya desaparecida Cámara de Comercio pontevedresa. En esta ocasión, en el banquillo de los acusados se sentaron el ex presidente de la entidad Antonio Gómez Rivera y la ex secretaria en su misma etapa, Charo Lorenzo Pontevedra, que se declararon inocentes de un delito contra la Administración de Justicia en concurso con otro de prevaricación administrativa por el que se enfrentan a año y medio de prisión.
Ambos llegaron al banquillo por su papel en el despido de tres trabajadores que poco antes habían denunciado irregularidades en el funcionamiento de la entidad y negaron todas las acusaciones de la Fiscalía, pero sus declaraciones fueron rebatidas por los tres despedidos y un cuarto empleado que también denunció los hechos, pero no fue despedido al ser el delegado de personal. Los tres comparecieron como testigos y refrendaron los argumentos incriminatorios.
El fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, considera que en el año 2012 despidieron a tres de los cuatro trabajadores de la Cámara que denunciaron ante la Fiscalía las prácticas presuntamente irregulares en la oficina de este ente en Brasil por las que finalmente Lorenzo fue condenada con su conformidad por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.
Aladro mantiene que tras la denuncia de los trabajadores, Lorenzo, en su condición de jefa de personal, y Gómez Rivera, como presidente en funciones, llevaron a cabo una serie de actuaciones "movidos por la intención de causar un perjuicio a quienes la habían presentado", pero ambos aseguraron ante el juez que los despidos no fueron decisión suya, sino que las decisiones en materia de personal se debatían y adoptaban en el seno del comité ejecutivo y del Pleno de la Cámara.
Charo Lorenzo aseguro que no ejerció "ningún tipo de presión" para despedir a los tres trabajadores y que los despidos los acordó el órgano de gobierno de la Cámara tras un informe realizado por la consultora Deloitte por encargo del Consello de Cámaras Galegas. Se trata de resoluciones adoptadas en reuniones del comité ejecutivo en las que asegura que ella no estaba presente tras un incidente de marzo del año 2012 en el que uno de los empleados luego despedido y ex vicesecretario general de la entidad, Augusto Aláez, entró en su despacho acompañado por el delegado de personal y le echó en cara las irregularidades de Brasil por las que finalmente fue condenada al tiempo que le recomendaba que dimitiese.
"Cuando se trataban temas de personal, me pedían que me fuese", sostiene Charo Lorenzo, justificando que en las reuniones del comité ejecutivo y del pleno de diciembre de ese año 2012 en las que se acordaron los despidos no estaba presente, de modo que no pudo tener nada que ver con los cesos. Añade que se acordó también una reducción de salarios que también le afecto a ella y "no soy tan generosa" como para tomar parte en esa decisión.
Además, insistió en que el informe de Deloitte ya recomendaba estos despidos, si bien el fiscal y los testigos que declararon más tarde indicaron que el estudio de la consultora no concretaba qué puestos de trabajo debían eliminarse, sino que hablaba de reestructuración y luego se emitió una addenda al mismo que proponía una externalización de los servicios de comunicación y asesoría jurídica y una reducción del personal dedicado a la actividad de administración. Finalmente, se despidió a un administrativo , el vicesecretario, la responsable de creación de empresas y el responsable de comunicación, si bien este último fue el único que no denunció.
Gómez Rivera también echó balones fuera y negó incluso que se reuniese con los trabajadores afectados o que tuviese contancia de las denuncias por irregularidades en la Cámara que Aláez llevaba denunciando desde 2007, con otros presidentes al frente de la entidad. Según asegura, "era el pleno el que tenía que tomar la decisión" y "el presidente no tenía atribuciones ejecutivas de ningún tipo, todo correspondía al pleno y/o al comité ejecutivo".
El ex presidente insistió en que toda la documentación que llegó a su mano se plasmó en el orden del día de plenos y reuniones del comité, donde los miembros "ni eran marionetas ni era monigotes", sino que "el debate era profundo y además intenso", a pesar de que el fiscal mantiene que el resto de los responsables de la Cámara no recibían información real de todo lo que ocurría.
Augusto Aláez declaró como testigo y contradijo las afirmaciones de los dos acusados, asegurando que tras aquel incidente con Charo Lorenzo el ex presidente le citó a una entrevista en la que le amenazó y advirtió que "si seguía así, podía perder el puesto de trabajo". Según mantuvieron tanto él como otros trabajadores que compartecieron en la sala, a todos ellos se les instó en una reunión a "hacer borrón y cuenta nueva" y Gómez Rivera cerró filas en torno a la ex secretaria general defendiendo "que era amiga suya y confiaba en ella".
También desmintió la afirmación de Gómez Rivera de que él no tenía atribuciones ejecutivas, pues "el presidente era el que tenía la voz cantante" y otros trabajadores, como el que delegado de personal, y ex empleados despedidos confirmaron que, tras aquella reunión de Aláez con Lorenzo empezaron las represalias y el ex presidente llegó a decirles "que él había tenido 3.000 personas a su cargo, y no le iba a temblar la mano por diez" empleados que había en la Cámara.
Además del año y medio de prisión, el fiscal pide que sean condenados al pago de una multa de 10 meses a 10 euros diarios y ocho años de inhabilitación especial para los cargos que ambos ejercían, y de los que ahora ya están apartados. Como indemnización y en concepto de daño moral, pide que los dos, de forma conjunta y solidaria, deberán abonar 3.000 euros a cada uno de los empleados despedidos.
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