Suspenden el macrojuicio por una trama de estafas a aseguradoras al estar dos acusados en México
Por Natalia Puga
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha tenido que suspender este martes, por segunda vez, un macrojuicio contra veinte personas acusadas de participar en una presunta estafa continuada a aseguradoras a través de partes fraudulentos de accidentes de tráfico en distintos puntos de Pontevedra y su área de influencia.
En este caso, la suspensión -la anterior fue en el mes de septiembre de 2017- se debe a la ausencia de dos acusados, que no se presentaron este martes en la Sección Segunda de la Audiencia porque residen en México y el personal judicial no logró notificarles la fecha de celebración del juicio.
Al comprobar la incomparecencia, el tribunal decidió aplazar al celebración de la vista y se pedirá al abogado de esos acusados que facilite la forma de contactar con ellos para notificarles la nueva fecha, que aún está pendiente de fijar. Además, se intentará realizar una comisión rogatoria a las autoridades mexicanas.
Aprovechando la suspensión obligada, las partes implicadas en esta causa se han sentado, una vez más, a negociar un posible acuerdo de conformidad. El fiscal del caso, Jesús Calles, ha intentado pactar con los 18 acusados presentes y fuentes consultadas por este periódico han confirmado que con más de la mitad ya llegó a un acuerdo.
Esos acuerdos empezarán a firmarse este jueves en la Fiscalía y supondrán que los acusados tendrán que cumplir penas de prisión inferiores a las que el fiscal pedía inicialmente y se comprometen a pagar las cantidades defraudadas y reclamadas por las compañías aseguradoras. Los acuerdos varían en función de los acusados, pero la mayoría rondan el 50% de la cantidad inicialmente reclamada.
El fiscal pedía penas que sumaban 45 años e indemnizaciones para todos ellos, pero con estos acuerdos se verán reducidas sensiblemente. De todas formas, no evitarán la celebración del juicio, pues algunos de los acusados se niegan por completo a reconocer los hechos de los que les acusa el fiscal.
Algunos de esos acuerdos de conformidad se atascan en lo relativo a la responsabilidad civil, siendo especialmente complicadas las negociaciones en lo que afecta a las reclamaciones de las compañías aseguradoras sobre el importe que deberán pagarle por haberlas estafado.
Las estafas que se juzgarán son variadas. En algunos casos, las compañías aseguradoras llegaron a pagarle dinero a los acusados por presuntos accidentes que finalmente se demostró que no se habían producido. En otros, no llegó a pagar al dudar ya de las circunstancias de la incidencia en el momento en el que se denunció.
Todas se remontan a un mínimo de diez años atrás, pues la operación de la Policía Local de Pontevedra que destapó la trama es del año 2008. Varios de los casos están relacionados con vehículos que el Consorcio de Compensación de Seguros abonó como siniestro total tras las inundaciones ocurridas en la comarca de O Salnés de noviembre del año 2006 y que, posteriormente, los dueños traspasaron a otra persona. Volvieron a contratar una póliza de seguros y supuestamente sufrieron un accidente por el que volvieron a reclamar dinero.
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