El gobierno provincial no debate con el PP en el pleno para "evitar el juego de calumnias, mentiras y falsedades"
Por Oskar Viéitez
El pleno de la Deputación de Pontevedra ha resultado más breve de lo previsible a raíz de la estrategia puesta en marcha por los grupos que conforman el gobierno provincial, el Partido Socialista y el BNG, que optaron por evitar el debate con el Partido Popular para "evitar el juego del calumnias, mentiras y falsedades", según justificó su portavoz, Carlos López Font.
Al principio de la sesión plenaria el grupo socialista, con el apoyo del BNG, sacó adelante una moción en la que solicita al gobierno de la Xunta que aplique "criterios objetivos" en el reparto de los fondos económicos autonómicos y europeos, expresando su protesta por el hecho de que la administración provincial quedase excluida del reparto de financiación europea para desarrollar talleres de empleo como venía haciendo hasta ahora con "gran éxito".
La diputada socialista Montse Magallanes calificó esta decisión del ejecutivo de Núñez Feijóo de "nova discriminación" y dijo con esa decisión "evidénciase o trato desigual que dá a Xunta ás institucións gobernadas por forzas progresistas".
La portavoz del Partido Popular, Elena Muñoz ha respondido que "esta moción es sinceramente bochornosa", y ha asegurado que se trata de "desviar la atención ante el absoluto escándalo de su sectarismo a la hora de repartir as ayudas de la Deputación" animando a socialistas y nacionalistas a que "si tienen dudas acudan a los tribunales como hacen los concellos del PP".
En este mismo sentido continuaron las críticas y reproches con la moción del Partido Popular en la que solicitaban la ampliación del Plan Concellos "ata os 60 millóns de euros" y la creación de planes provinciales "cuxa repartición atenda a criterios obxectivos", indicó el portavoz del PP, Ángel Moldes. Según agregó, a día de hoy, los más "prexudicados" por los criterios de reparto de la Deputación son los municipios gobernados por los populares.
La moción del PP fue rechazada por la mayoría de los votos del PSOE, del BNG y del diputado de la Coalición electoral SON, que optaron por no intervenir en el debate, por lo que no hubo réplicas ni confrontación verbal, una estrategia que enfadó a los diputados de la oposición, especialmente al popular Luis Aragunde, a quien la presidenta de la Deputación pidió que "non berre nin de golpes" advirtiéndole que de mantener ese comportamiento sería expulsado del pleno.
Idéntico resultado negativo obtuvo una segunda moción del PP en la que solicitaba sin éxito que se crease una comisión informativa especial para investigar los motivos de las demandas judiciales contra la Deputación por parte de los concellos de A Lama, Vilanova de Arousa y Sanxenxo, todos ellos gobernados por el Partido Popular.
Tampoco salió adelante la reclamación del PP para que la Deputación expresase su "apoyo incondicional" a la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Galicia sobre el accidente de O Marisquiño, en el que más de 460 personas resultaron heridas tras el derrumbe de una plataforma durante la celebración de un concierto.
La portavoz del Partido Popular, Elena Muñoz, criticó que los diputados del gobierno provincial quedasen "mudos" y definió su actitud como una "falta de respeto a la democracia", a lo que ha replicado el vicepresidente César Mosquera que "precisamente porque temos un respecto exquisito á democracia non imos entrar no seu xogo".
UNANIMIDAD
El grupo provincial socialista también llevó a este mismo pleno una moción, que fue aprobada por unanimidad, que insta a la Xunta a asumir el 35% de la inversión para la creación de la primera vía verde ferroviaria que discurrirá por entero en territorio gallego, recuperando la histórica vía de tren que unía Vilagarcía y Portas.
La Deputación de Pontevedra y los concellos concernidos, Vilagarcía, Caldas de Reis y Portas, impulsan un acuerdo conjunto para activar la intervención sin mayor demora, a la espera de que la Xunta materialice su parte del compromiso para el año 2019. El proyecto tiene un coste total de aproximadamente medio millón de euros. Los raíles ya han sido retirados a lo largo de los nueve kilómetros de trazado y en su lugar se pretende la creación de una plataforma totalmente accesible que permita el tránsito de peatones y bicicletas.
Por otra parte, el pleno de octubre aprobó las ordenanzas reguladoras del compostaje local para los biorresiduos municipales del Plan Revitaliza y la de funcionamiento del castillo de Soutomaior.