Vilaboa aprueba parcialmente un PXOM que no resuelve la inseguridad jurídica de 200 viviendas del litoral
Por Oskar Viéitez
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, firmó este lunes la orden de aprobación definitiva parcial del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vilaboa, con el que podrán legalizarse todas las edificaciones afectadas por falta de ordenación en los núcleos rurales, pero no así las construidas en la línea litoral después de 1988, unas 200 casas.
El alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro ha pedido a la conselleira que inste a Costas del Estado para sentar a hablar de estas delimitaciones con la reducción de 100 metros de la franja del litoral. La conselleira se comprometió a solicitar una reunión técnica a tres bandas, Estado, Xunta y Concello cuando comience una nueva legislatura.
Ángeles Vázquez también informó a Poceiro, de la necesidad de regularizar varias captaciones de agua en ciertos núcleos; pues de no hacerlo, podría anularse el plan general o lo que es lo mismo, tirar por la borda el trabajo realizado en su tramitación durante los últimos 18 años.
La redacción de este instrumento supuso estudiar en detalle a totalidad de la superficie del término municipal, casi 37 kilómetros cuadrados en los que el suelo mayoritario es de carácter rústico (un 84,9% del territorio), seguido por el suelo de núcleo rural (un 13,73%), suelo urbano (un 1,02%); y suelo urbanizable, (un 0,35%).
Destaca la implantación de una política de suelo industrial con la creación de un sector de suelo urbanizable estratégicamente situado en relación con el sistema viario, así como la integración del término municipal con el área funcional Pontevedra-Vigo y el aprovechamiento de su situación dentro de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Al mismo tiempo, el planeamento prevé un total de 150.758 metros cuadrados para el sistema general de espacios libres y zonas verdes, un 18,95% más del que exige la Ley do solo, y reserva 71.564 metros cuadrados para el sistema general de equipación comunitaria, un 69,4% más del exigido por la Ley.
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