El Estado califica de "argucia fraudulenta" el pago de la extra y el Concello no ve "eivas" en su legalidad
La "argucia maquinada" por el Concello de Pontevedra para compensar la paga extra a sus funcionarios fue "fraudulenta". Ese fue el argumento principal esgrimido por el Abogado del Estado, Juan José Vázquez Portomeñe, en el juicio celebrado este jueves en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra. El objetivo de la demanda presentada es que los funcionarios municipales reintegren el dinero cobrado "irregularmente".
Vázquez Portomeñe afirmó que existe una "evidencia abrumadora" de que el Concello de Pontevedra "deliberada y conscientemente" desobedeció lo establecido en el Real Decreto 20/2012 por el que se retiraba la paga extra de diciembre a todos los trabajadores públicos. Un "desacato", apuntó, que fue "aireado pública y reiteradamente" por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, "presumiendo de dicha rebeldía".
El "fraude" se demuestra, según el Abogado del Estado, cuando si bien se retiró dicha paga extra, el gasto de personal en horas extra pasó de los 24.925 euros de 2011 a los 734.726 euros de 2012, un aumento del 2.800%. Un complemento que cobraron 464 personas, si bien sólo se recurre el pago a unos 300 funcionarios, ya que la plantilla de Policía Local, Bomberos, Pazo da Cultura e IMD cobraron a través de un segundo expediente "que estamos analizando".
Asegura que en este complemento se recoge una "evidente falsedad de las causas", al entender que su remuneración fue "indiscriminada", que no se apreciaba un aumento "extraordinario" de la actividad, que no existen precedentes de pagos similares y que las horas extra no fueron retribuidas conforme al convenio "sino ocho veces más caras". Todo a pesar, dijo, de informes de Personal e Intervención que habrían alertado de dicha irregularidad.
Tras calificar esta maniobra como "absurdo subterfugio" y criticar que la transparencia en el ayuntamiento "brilla por su ausencia", Vázquez Portomeñe concluyó asegurando que el gobierno municipal "no ha sido capaz de esgrimir un solo argumento razonable por el cual se justifique que este complemento de productividad". Por ello, insistió en que "resta por lo tanto un motivo principal, defraudar el Real Decreto de forma premeditada".
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Xabier Munáiz, que ejerció la defensa de los intereses del gobierno municipal, insistió por su parte en que el dinero abonado a los funcionarios por el Concello de Pontevedra "non ten nada que ver coa paga extra" suprimida por el Gobierno. "Se respetaron os designios da lexislación estatal", afirmó, ya que recordó que en su momento se declaró como crédito no disponible los 900.000 euros correspondientes a esa extra de Navidad.
Munáiz indicó que lo que se abonó a los trabajadores municipales fueron dos complementos de productividad: uno por el "anormal" incremento de actividad municipal experimentado entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, agravado, señaló, por el hecho de que la legislación impide cubrir las vacantes en la plantilla laboral; y otro por las 16 horas extra que los trabajadores realizaron entre septiembre y octubre de 2012.
"Unha cousa son as proclamas políticas e outra a realidade das cousas", señaló Munáiz ante las críticas de Vázquez Portomeñe a Lores
No se puede hablar de paga extra, reiteró en varias ocasiones, ya que "non se cobrou o 100% correspondente" y tampoco recibieron este complemento todos los trabajadores municipales ni en la misma proporción, sino aquellos que justificaron el trabajo realizado a mayores. Todo ello, dijo, independientemente de las declaraciones políticas que se hayan realizado "porque unha cousa son as proclamas políticas e outra a realidade das cousas".
El abogado mostró su sorpresa porque se presente un recurso únicamente contra la "resolución de pago" de dichos complementos firmada por el concejal de Facenda "e non ningún dos acordos previos", entre ellos los adoptados en la Xunta de Goberno en la que se dictaminaron los requisitos para que los funcionarios pudiesen cobrar ese dinero o la modificación de crédito de 760.000 euros aprobada en Pleno para poder efectuar estos pagos.
"Seguramente non os recurriron porque non tiñan ningunha eiva de legalidade", señaló Xabier Munáiz, quien calificó como "extravagante" que se reclamen solo 450.000 euros, y no los 220.000 restantes correspondientes a los trabajadores de la Policía Local, Bomberos y los organismos autónomos. Si se ordena la devolución de este complemento se produciría, dijo, una situación "necia e inxusta", ya que unos 300 "infelices" tendrían que reintegrar el dinero y otros 150 no.
El juicio quedó visto para sentencia, aunque el Juzgado enviará un requerimiento para que el Concello de Pontevedra remita comprobantes de que todos los expedientes relativos a este asunto fueron entregados a la Subdelegación del Gobierno, algo que al Abogado del Estado aseguró que "no me consta" y que Munáiz dice que pueden acreditar al contar con sello de entrada en el registro. Algo que cuestionaría la falta de transparencia alegada por el primero.
CONCENTRACION POLITICA Y SINDICAL
Fernández Lores insistió en que esta demanda, "incitada" por el portavoz municipal del PP, Jacobo Moreira, es una "represalia" contra el Concello de Pontevedra
Antes del inicio del juicio, miembros del gobierno municipal, encabezados por el alcalde, y representantes sindicales de la Junta de Personal del Concello de Pontevedra protagonizaron una concentración a las puertas del juzgado. Con ella querían ratificar que "a decisión que tomamos foi correcta e que a tomaríamos outra vez, estamos orgullosos de tela tomada", dijo Miguel Anxo Fernández Lores.
Aseguró que "independentemente de como salga a sentenza", el gobierno municipal defiende el pago de este complemento de productividad para compensar la retirada de la paga extraordinaria a sus funcionarios, una medida aprobada por el gobierno central "que foi en contra dos intereses xerais da cidadanía, dos dereitos de traballadores e dunha cidade de servizos como é Pontevedra".
Fernández Lores insistió en que esta demanda, "incitada" por el portavoz municipal del PP, Jacobo Moreira, es una "represalia" contra el Concello de Pontevedra. Recordó que Pontevedra es el único ayuntamiento denunciado por la Subdelegación del Gobierno, a pesar de que "outros concellos fixeron cousas semellantes", como es el caso de Cangas, Bueu o A Illa de Arousa.
En este sentido, el Abogado del Estado señaló que sólo se denunció a Pontevedra porque "en todas las corporaciones municipales de la provincia se produjo una exhaustiva indagación", en relación a la eliminación de la paga extraordinaria "y solo en el caso de Pontevedra se constató que efectivamente existió un intento defraudatorio por eludir las consecuencias de esta norma y por eso exclusivamente es la que ha sido demandada por vía judicial".
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