El Campus Crea y el edificio de la Xunta de Benito Corbal, nuevo "campo de batalla" municipal
Por Redacción
La firma del alcalde en un convenio "no garantiza nada". Esa es la denuncia del portavoz del PP, Jacobo Moreira, tras conocerse que las instalaciones vinculadas al Campus Crea se van a situar finalmente en el edificio de la Xunta en Benito Corbal. No lo harán, por lo tanto, en el inmueble de nueva construcción que se iba a situar en la calle de A Barca, tal y como figuraba en el acuerdo firmado entre Fernández Lores y el rector de la universidad de Vigo.
La decisión del gobierno gallego de acoger a la universidad en Benito Corbal "deja en evidencia la mala e inoperante gestión" del BNG en Pontevedra que, según Moreira, acumula numerosas "promesas incumplidas" a lo largo de los últimos años.
Con respecto a la universidad "no es la primera vez" que el gobierno municipal "no cumple", ya que los populares recuerdan la "frustrada" construcción del edificio de las Artes en los terrenos de Tafisa y que no permite que el Concello pueda trasladar su sede institucional al antiguo cuartel de San Fernando, que alberga actualmente la facultad de Bellas Artes.
El portavoz del PP le pide al alcalde que, en un futuro, "trate de ofrecer mayores garantías" cuando acuerde firmar un convenio.
En este sentido, los populares consideran que el Concello es el "único responsable" de que la Xunta no pudiese recalificar el edificio de Benito Corbal para viviendas y oficinas, al incumplir el convenio firmado con la Xunta "gracias al que hoy dispone gratuitamente de la sede en la calle Michelena 30".
Pero esta última crítica ha molestado especialmente en el gobierno municipal. La edil de Urbanismo, Carme da Silva, ha señalado que fue la propia Xunta la que renunció en su día a esta recalificación y acusó a Moreira de "afear" el acto de presentación del nuevo proyecto para Benito Corbal que protagonizará el vicepresidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, el próximo lunes para avanzar los nuevos usos del inmueble.
Da Silva explicó que la Xunta renunció a esta operación inmobiliaria en 2011 y desde entonces "non volveu a porse en contacto cos servizos municipais" para tratar de desatascar esta situación. La recalificación no era posible, señalaron entonces los informes municipales, si no se cumplían los estándares de equipamientos y zonas verdes, como era obligado al estar pensado un uso residencial o para oficinas.
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