Charo Lorenzo reconoce que cometió cohecho como secretaria de la Cámara de Comercio
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Creada y actualizada
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Charo Lorenzo, exsecretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra y actual responsable de la oficina en el municipio de la Cámara Oficial de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, ha reconocido ser autora de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho durante su etapa al frente del ente cameral capitalino antes de la fusión.
La confesión y haber devuelto el dinero con el que se quedó de forma irregular le ha valido un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos en función de la cual se libra de entrar en prisión por estos delitos, pero no de pagar una multa y de tener que alejarse de cualquier puesto de responsabilidad en la entidad durante los próximos dos años.
Lorenzo se sentó este lunes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra junto al empresario Juan José María Lago, representante de la Cámara en Brasil. Ambos llegaron a un acuerdo con el fiscal, Augusto Santaló, y se reconocieron autores de los delitos de los que estaban acusados, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho en el caso de la exsecretaria y cohecho en el de Lago.
La exsecretaria ha sido condenada con su conformidad a seis meses de suspensión del cargo de secretaria general de la Cámara y el pago de una multa de tres meses a seis euros diarios -540 euros- por las negociaciones prohibidas y a un año de prisión, seis meses de multa a seis euros -1080 euros y un año y seis meses de inhabilitación para cargo público por el delito de cohecho.
El fiscal ha explicado, al término del juicio, que la suspensión de seis meses para el cargo de secretaria y la inhabilitación de un año y medio para cargo público implican que durante los dos próximos años no podrá seguir ejerciendo ninguna responsabilidad en la Cámara que implique asumir funciones iguales o similares a las que tenía en la etapa en la que cometió el delito.
Al respecto, el presidente de la entidad cameral, José García Costas, ha recordado que Charo Lorenzo "no ocupa ningún cargo con responsabilidad pública en la nueva Cámara". En cualquier caso, a finales del mes de junio está previsto un Pleno en el que se dará traslado de la información a todos sus miembros y "si fuera necesario, o así se decide, se tomará, o no, algún tipo de medida".
Juan José María Lago se ha conformado con una pena de dos años de prisión, una multa de seis meses a razón de seis euros diarios -2.160 euros- y la prohibición para obtener subvenciones o incentivos fiscales y de la seguridad social y firmar contratos con organismos públicos durante un período de cinco años.
También con la conformidad de las partes, se ha suspendido el ingreso en prisión de ambos a cambio de que Charo Lorenzo no cometa ningún delito durante dos años y Juan José María Lago durante tres años.
Charo Lorenzo se benefició de un mejor acuerdo con la Fiscalía porque se le aplicó la circunstancia atenuante cualificada de reparación del daño. Según ha explicado el fiscal, una de las condiciones que él puso para alcanzar un acuerdo era que los acusados consignasen a disposición de la Administración de Justicia el dinero que se habían llevado de la Cámara de Comercio, 22.800 euros. Lo hizo Charo Lorenzo, de modo que tan sólo se le aplicó a ella la atenuante. Además, para Augusto Santaló, "la inhabilitación era innegociable".
Los delitos de los que ambos se reconocieron autores se cometieron en el marco de la actividad de la oficina de representación de la Cámara de Comercio en Brasil, de la que era responsable Juan José María Lago, y con la que entre 2002 y 2012, la sede pontevedresa firmó contratos anuales para que realziase servicios de asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización. Por esta actividad, le pagaban 3.800 dólares al mes con fondos públicos procedentes de un programa de internacionalización subvencionado por la Xunta de Galicia.
Para cobrar esa cantidad de la Cámara de Comercio, el empresario tenía una cuenta bancaria domiciliada en Pontevedra de la que Charo Lorenzo, según la querella presentada por el fiscal en 2012, era apoderada e incluso hay constancia de que retiró periódicamente distintas cantidades, hasta rondar los 16.000 euros en tres años. A la vista de esos movimientos bancarios, el fiscal plantea que se dan irregularidades y que se puede tratar de una contraprestación que pagaba Lago a la secretaria cameral a cambio de resultar adjudicatario de los contratos de asesoramiento de la entidad en Brasil. Le acusan por cohecho porque no ha explicado el destino de las cantidades que retiró.
La causa contra Charo Lorenzo es el resultado de una investigación abierta por la Fiscalía tras recibir una denuncia de varios empleados de la Cámara de Comercio de Pontevedra en el año 2011 denunciando cobros indebidos. Cerrada esta causa, la Fiscalía todavía tiene abiertas otras dos investigaciones judiciales sobre ella.
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