Charo Lorenzo y Gómez Rivera, a juicio por despedir a tres trabajadores de la Cámara por represalias
Por Natalia Puga
Antonio Gómez Rivera, expresidente de la ya antigua Cámara de Comercio de Pontevedra; y Charo Lorenzo Pontevedra, exsecretaria del ente, se sentarán en el banquillo y se enfrentarán a una condena de un año y seis meses de prisión, el pago de una multa de 10 meses a 10 euros diarios y ocho años de inhabilitación especial para los cargos que ambos ejercían, y de los que ahora ya están apartados.
Será el primer juicio para Gómez Rivera, pero el segundo ya para Charo Lorenzo, que ya fue juzgada y condenada con su conformidad por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho que dieron lugar a este nuevo procedimiento. En este caso, se les juzga a ambos por el despido por represalias de tres de los cuatro trabajadores de la Cámara que denunciaron ante la Fiscalía las prácticas presentamente irregulares en la oficina de este ente en Brasil por las que finalmente fue condenada la exsecretaria.
Todavía no se ha señalado la fecha del juicio, pero el fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, sí ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra su escrito de acusación, en el que considera que ambos exresponsables de la Cámara son autores de un delito contra la Administración de Justicia en concurso con otro de prevaricación administrativa.
Para ambos presenta la misma acusación y solicita la misma condena, que incluye que, como indemnización y en concepto de daño moral, los dos acusados, de forma conjunta y solidaria, deberán abonar 3.000 euros a cada uno de ellos
A partir de la denuncia de los trabajadores ante la Fiscalía, el fiscal considera que Lorenzo, en su condición de jefa de personal, y Gómez Rivera, como presidente en funciones, "llevaron a cabo una serie de actuaciones en respuesta a la denuncia presentada y movidos por la intención de causar un perjuicio a quienes la habían presentado", según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso PontevedraViva.
Estas acciones concluyeron con el despido acordado por unanimidad por el comité ejecutivo, de tres de los empleados denunciantes, pero no del cuarto denunciante por ser delegado de personal. En su despido, el fiscal considera que fue "decisiva la participación" de Charo Lorenzo, quien como denunciada principal por las actividades de la oficina de Brasill, "procedió a realizar cuantas actividades fueran necesarias para propiciar la resolución finalmente acordada".
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