En Marea reclama en el Parlamento la recuperación de la Carabuxeira y el PP responsabiliza al Concello
Por Oskar Viéitez
El diputado de En Marea por Pontevedra Marcos Cal defendió este miércoles en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Galicia una iniciativa que insta a la Xunta a iniciar los trámites necesarios para la recuperación de la playa de la Carabuxeira y su entorno, a la reparación de las viviendas afectadas y la devolución de esa parte del litoral a su estado anterior a la construcción del puerto deportivo de Sanxenxo.
En Marea denunció el cambio en la dirección de las corrientes marinas producidas por el nuevo dique, que transformaron en un pedregal la playa de la Carabuxeira, "afectando no sólo al disfrute de los arenales si no también a los muros, cimentaciones de las viviendas, instalación y acceso a la playa".
Por su parte el portavoz de Medio Ambiente del grupo popular, Gonzalo Trenor, recordó en el Parlamento que el Concello de Sanxenxo es el responsable de llevar adelante las medidas reparadoras sobre la playa de la Carabuxeira, "tal y como se recoge en las resoluciones dictadas por la justicia".
Trenor indicó que "Portos de Galicia se limita a actuar en la playa de Carabuxeira siguiendo estos dictámenes judiciales, que ponen de manifiesto que este ente público no es la administración legalmente competente para proyectar ni ejecutar las medidas correctoras que se requieren".
En respuesta al PP, Marcos Cal defendió que "es la Xunta la que generó el problema autorizando una obra de este calibre sin tener en cuenta sus efectos sobre las viviendas y el entorno natural".
En la réplica el diputado popular dijo que "el Concello de Sanxenxo, como titular de la empresa Nauta, es quien tiene que ejecutar estas medidas correctoras en la playa de Carabuxeira, una vez que asumió todas las responsabilidades atribuidas en su momento a la concesionaria, así como las derivadas de su actuación", subrayó.
En Marea aceptó la enmienda del Partido Socialista que proponía fijar un plazo de reparación de los daños, estableciendo como límite el primer semestre de 2018, pero la iniciativa fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular.
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