La Audiencia juzgará a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno que pedía "regalitos" a cambio de permisos de residencia
Por Redacción
Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra irá a juicio en la Audiencia Provincial y se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por presuntamente haber pedido "regalitos" a mujeres que acudieron a la institución para tramitar permisos de residencia en España.
La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra señaló el juicio para este lunes, la vista ya fuera suspendida en varias ocasiones por la ausencia de varias testigos.
El fiscal considera probado que les pedía dinero para realizar funciones propias de su cargo y consiguió 200 euros de dos mujeres diferentes, 150 de una y 50 de otra. Lo intentó con una tercera sin éxito y en un cuarto caso falsificó un expediente, pero sin que conste entrega de dinero.
La Fiscalía le considera autor de un delito continuado de cohecho y de un delito de falsedad en documento oficial y pide que sea condenado a cuatro años de prisión por cada uno y a ocho años de inhabilitación por el cohecho y cinco por la falsedad. Además, reclama a la Audiencia Provincial que le imponga 32 meses multa con una cuota diaria de 10 euros y que devuelva a dos de las afectadas los 200 euros que les pidió y consiguió de forma presuntamente irregular.
Los hechos que le atribuye el fiscal se produjeron en el año 2016 y refieren cuatro expedientes abiertos en la Subdelegación por solicitudes de permiso de residencia. Todos fueron iniciados, tramitados y finalizados por el acusado.
El escrito de acusación del fiscal sostiene que, sin que tuviese derecho a percibir ningún tipo de retribución por parte de las interesadas, solicitó de las mismas, durante la tramitación de los expedientes, distintas cantidades de dinero.
A una mujer que pedía autorización de residencia temporal inicial Ie dijo que tenía que hacerle "un regalito" y ésta Ie entregó 50 euros. A otra afectada que solicitaba permiso de residencia de larga duración le solicitó 150 euros, que ella le dio en dos entregas, 100 en la oficina y 50 en la calle. Según relató esta mujer durante la fase de instrucción de esta causa judicial, pagó "en la creencia de que formaba parte de las tasas a pagar por la tramitación del expediente".
Pidió dinero a una tercera afectada que tramitaba para su hija autorización de residencia de familiar comunitario, pero no llegó a efectuarse la entrega. Le dijo que tenía que entregarle algo y ella entendió que debía ser dinero, de modo que acudió a la Subdelegación con 200 euros, pero no llegó a entregárselo porque fue atendida por otra funcionaria. Tras ese incidente, el acusado Ie Ilamó la atención.
El cuarto caso se refiere a la solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa en la que alteró la fecha del expediente porque la mujer solicitante había disfrutado de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que había caducado y, para obtener la prórroga, la solicitud debía ser presentada en un plazo que había incumplido. Este expediente fue finalmente archivado.
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