Julio Sayáns, exalcalde de Campo Lameiro acusado de delito urbanístico en la instalación de la depuradora: "para nosotros estaba bien situada"
Por Anxo Lourido
Después de 36 años ocupando la alcaldía de Campo Lameiro, Julio Sayáns ocupaba este jueves el banquillo de acusados en la Audiencia de Pontevedra, acusado como presunto autor de delitos de falsedad documental y contra la disciplina urbanística debido a las obras de instalación de la nueva depuradora en el polígono industrial de A Facha de Campo, hechos que se registraron entre los años 2013 y 2015.
El fiscal pide siete años de prisión para Julio Sayáns al entender que la depuradora ocupó una zona de terrenos que figuraban como zona verde y también unos terrenos que pertenecían a una constructora.
Además del ex alcalde popular, también responden por estos hechos la secretaria municipal Mercedes G., para la que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión; y el ingeniero que realizó el anteproyecto, el proyecto y dirigió la obra, Evaristo J., para quien piden cuatro años y medio de cárcel.
Durante la vista oral que se celebra en la sección cuarta de la Audiencia Provincial, Sayáns se declaró inocente de los hechos que se le imputan. A preguntas del fiscal y del abogado de la acusación de la empresa propietaria de terrenos ocupados, relató los problemas que existían con la anterior depuradora situada en el polígono industrial e instalada por Augas de Galicia en 2005.
Debido a esos problemas, el entonces alcalde decidió impulsar la instalación de una nueva depuradora en la misma parcela. "Partía de la base de que la Xunta tendría legalizados esos terrenos" donde se encontraba la infraestructura. "Para nosotros estaba bien situada" y por este motivo se escogió este terreno para la nueva y solicitar una ayuda para esta operación, a través de fondos Feder.
De esta forma, según declaró Sayáns ante el tribunal, se elaboró el anteproyecto y fue enviado a la Consellería de Industria que lo aprobó sin advertir "que estaba mal", alegaba el ex alcalde al reconocer que "no tenía conocimiento de la calificación urbanística" de las parcelas. "Confié en Augas de Galicia. Nadie me advirtió de problemas de calificación urbanística", insistió esta mañana para escusarse en que "nadie me adviritió de que era una zona verde".
La obra fue modificada durante la ejecución porque dos de los módulos previstos de la nueva depuradora tenían problemas de conexión con la red de saneamiento. Según afirmó también el ingeniero que dirigiría el proyecto, el propio alcalde dio el visto bueno al giro de los módulos, quien reconoció su visto bueno cuando se lo propusieron: "si es por el bien de la depuradora, hágase".
Julio Sayáns reconoció que fue en 2015 cuando el aparejador le informó de que la obra había ocupado 120 metros cuadrados de una parcela que no era de propiedad municipal y que correspondía a la constructora Maceira Tomé. Explicó que había intentado alcanzar un acuerdo con la empresa sin lograrlo porque los gestores pedían una cantidad que multiplicaba por cuatro el valor de la parcela.
Por su parte, Evaristo J., ingeniero responsable del proyecto, argumentó en su declaración que la administración nunca estableció reparos a la obra de instalación de la nueva depuradora en sus diferentes fases. Reconoció también que en los terrenos no se detectaba división física ya que se encontraban abandonados con la antigua depuradora "situada en un nicho" y rodeada de maleza.
Finalmente, Mercedes G., secretaria municipal en el Concello de Campo Lameiro desde 1980, solo quiso responder a las preguntas de su abogada y expuso también que la Xunta nunca "notificó nada. Nunca se trasladó información de que estaba en un terreno que no debía" ya cuando se instaló la primera depuradora.
Según el informe del fiscal, el alcalde había ordenado a la secretaria municipal que efectuase un informe sobre el procedimiento que debía efectuarse para ejecutar la obra de la nueva depuradora. En ese informe, según la Fiscalía, no se hace referencia a la necesidad de elaborar un pliego de prescripciones técnicas por un funcionario municipal ni encomendar a un técnico externo la elaboración del pliego de cláusulas técnicas al carecer de personal municipal para llevar a cabo esa actividad.
La vista oral continuará con las pruebas periciales el próximo martes 18 de julio.
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